En la madrugada del domingo 8 de marzo, un grupo de feministas duranguenses llevó a cabo la clausura simbólica del Congreso del Estado de Durango en protesta por la falta de avances legislativos para la despenalización de la interrupción del embarazo. La entrada principal del recinto legislativo amaneció sellada con cintas, evidenciando su desacuerdo con la inercia gubernamental frente a esta demanda histórica.

Durante este acto, las manifestantes emitieron un contundente posicionamiento que reflejó años de lucha constante para que el aborto no sea considerado un delito en la región. Expusieron la frustración por la ausencia de respuestas concretas pese a haber presentado iniciativas y propuestas en distintas legislaturas que no han sido atendidas ni debatidas con la urgencia que amerita la problemática.

El comunicado recordó que Durango fue pionero a nivel nacional al presentar la primera iniciativa popular mediante mecanismos de participación ciudadana para despenalizar el aborto, un hecho trascendental que no generó ninguna acción legislativa ni respuesta oficial. También hicieron énfasis en las iniciativas presentadas por diputadas en diferentes períodos, que fueron ignoradas, dejando en evidencia una omisión sistemática del Congreso en atender este reclamo social fundamental.

“Interpusimos un amparo legal que obliga al Congreso a legislar sobre la interrupción legal del embarazo, pero tampoco obtuvimos resultados. Mientras tanto, las mujeres continúan enfrentando criminalización, temor y desventajas. Hoy declaramos desobediencia civil porque la falta de legislación nos fuerza a acompañar abortos de manera segura y responsable. Esta omisión estatal nos obliga a proteger la vida, la salud y la libertad femenina. En Durango, sufrimos discriminación jurídica debido a nuestra ubicación, pues mientras en otras regiones el aborto es legal, aquí sigue siendo un delito. Esto trasciende lo legislativo: es una cuestión de justicia social, salud pública y derechos humanos.”

El aborto ilegal constituye un peligro latente para las mujeres

Las activistas también señalaron que la prohibición y falta de regulación legal no detienen la práctica del aborto; por el contrario, la clandestinidad en que se realiza incrementa los riesgos para la salud y la vida de las mujeres que recurren a esta opción. El contexto actual perpetúa la inseguridad y la vulnerabilidad ante un problema que debe abordarse desde la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

“La criminalización no evita los abortos. Solo los hace más inseguros, persigue a las mujeres y genera temor incluso en el personal médico por la ausencia de armonización legal. Por ello afirmamos con claridad: exigimos aborto legal, seguro y gratuito en Durango. Lo hemos solicitado en todas las formas posibles: mediante iniciativas, diálogo, recursos jurídicos y movilización social. Como ha ocurrido en otras etapas históricas, cuando las instituciones fallan, la desobediencia civil se convierte en un camino necesario. En este 8 de marzo declaramos que seguiremos organizadas, acompañando y luchando hasta que decidir no sea un delito en Durango.”

Este acto de clausura simbólica no solo refleja una protesta aislada, sino una manifestación profunda del descontento social ante la negativa legislativa que ha puesto en jaque los derechos reproductivos de las mujeres en La Raza Media. El reclamo se inscribe en un marco mayor de exigencias por equidad, igualdad y justicia social.

Además, pone en evidencia el desafío legal que enfrentan las mujeres duranguenses, quienes se encuentran en una situación de discriminación y desigualdad frente a otros territorios donde el aborto ya está legalizado y regulado. Esta disparidad territorial amplifica las injusticias y dificulta el acceso a servicios de salud integral y seguros para las mujeres en La Raza Media.

En conclusión, la lucha feminista en Durango simboliza un llamado urgente para que las autoridades asuman su responsabilidad en materia legislativa y garantice el acceso a servicios de aborto legal, seguro y gratuito. La persistencia en la movilización y la desobediencia civil apuntan a una transformación social con perspectiva de género y respeto absoluto a los derechos humanos fundamentales.