El gobernador Alejandro Armenta acusó que la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), una de las obras más representativas que en su momento lideraron Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad como mandatarios estatales, fue financiada con recursos obtenidos de manera ilícita mediante la extracción ilegal de hidrocarburos, conocida como ‘huachicol’. Esta acusación pone en el centro del debate la legitimidad del financiamiento público de uno de los principales sistemas de transporte en Puebla.

Durante un discurso en defensa del proyecto del cablebús, Armenta enfatizó que esta nueva obra se llevará a cabo con recursos totalmente legales, en contraste con lo que, según él, ocurrió con las tres líneas del sistema RUTA inauguradas en 2013, 2015 y 2018. El gobernador subrayó que la diferencia fundamental radica en la transparencia y honestidad del financiamiento para la infraestructura de transporte actual.

Acusaciones sobre el financiamiento ilícito de RUTA

Armenta detalló que el proyecto del transporte articulado, conocido popularmente como metrobús en Puebla bajo el nombre de RUTA, fue un esquema impulsado por gobiernos anteriores para lucrar a partir del robo de gasolina. «Las líneas de metrobús, originalmente la famosa RUTA, fueron el negocio del gobernador en turno, por eso Puebla pasó a ser considerada un estado huachicolero. Se presume que ese sistema fue financiado con el combustible robado», sentenció contundentemente.

«Tenemos claro hacia dónde se destinaba todo ese combustible robado: a sus bolsillos. Incluso lo enviaban para abastecer el sistema RUTA y posteriormente se facturaba como si hubiera sido pagado legalmente», afirmó José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, al hacer públicos estos señalamientos en noviembre de 2025.

Estas revelaciones evidencian la presunta complicidad entre autoridades estatales pasadas y redes de robo de hidrocarburos, destacando un mecanismo de corrupción que afectó gravemente la gestión y confianza ciudadana.

Defensa del proyecto cablebús

Respecto a las críticas en contra del cablebús, Alejandro Armenta sostuvo que quienes se oponen carecen de argumentos sólidos y que, en realidad, representan intereses vinculados a grupos políticos que anteriormente se beneficiaban con proyectos convertidos en negocios lucrativos. Considera que la resistencia al cablebús no está fundamentada y responde a intereses particulares que desean mantener el statu quo corrupto.

«Los opositores desconocen los beneficios reales o tienen intereses personales. Es lamentable, pero sabemos que existen fuerzas que intentan preservar el negocio que antes les representaba a ellos», señaló Armenta, manifestando que el cablebús será un modelo eficiente, seguro, respetuoso con el medio ambiente y con tarifas accesibles para la ciudadanía.

El gobernador también aseguró que esta obra será realizada sin corrupción ni ‘moches’ para funcionarios y que sus cuatro líneas iniciales no generarán deuda pública para el erario estatal, evidenciando una política de transparencia y responsabilidad fiscal.

De acuerdo con la administración local, el sistema de cablebús constará de 13.6 kilómetros distribuidos en cuatro líneas que conectarán la zona de Angelópolis con el sur de la ciudad y otras áreas importantes como Amalucan y el estadio Cuauhtémoc al norte. La obra será ejecutada en un plazo multianual con una inversión aproximada de 6 mil 752 millones de pesos, confiada a la empresa Doppelmayr.

Estos esfuerzos representan una apuesta significativa por modernizar y hacer más sostenible el transporte público en Puebla, atendiendo las necesidades de movilidad urbana con un enfoque en la innovación y el cuidado ambiental.

La discusión acerca del financiamiento y gestión de grandes proyectos de infraestructura en La Raza Media refleja tensiones históricas en la administración pública y la lucha contra la corrupción, así como los retos para ofrecer servicios eficientes y transparentes a la población.