Por primera vez en más de diez años, Michoacán ha concluido un ejercicio fiscal sin que se reporten observaciones relacionadas con desvíos de recursos o daños patrimoniales en la administración del gasto educativo, según el informe más reciente emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este logro marca un hito en la gestión pública estatal en materia educativa.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que este éxito se debe a una intensa lucha contra la corrupción y a la depuración exhaustiva de la nómina magisterial, que generaron un uso responsable y transparente de los recursos. Además, ha sido posible invertir más de 40 mil millones de pesos en infraestructura educativa sin la necesidad de contratar nuevos créditos, al mismo tiempo que se logró casi duplicar los ingresos estatales sin incrementar la carga impositiva, aumentando del 4.8 al 8.6 por ciento gracias a una rigurosa disciplina financiera.
Durante el año 2024, Michoacán no presentó ninguna observación en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, un contraste notable con ejercicios previos donde se detectaron irregularidades millonarias. Por ejemplo, en 2014 las observaciones sumaban 679 millones de pesos, mientras que para 2021, 2022 y 2023 estas disminuyeron progresivamente de 28.8 a 3.9 y luego a 2.6 millones de pesos, respectivamente.
Uno de los retos más complejos al inicio de esta administración en 2021 fue el grave desorden en la nómina educativa. Se detectó que se pagaba a personas sin funciones docentes reales, mientras que los maestros activos sufrían retrasos en sus pagos, afectando la estabilidad del sistema educativo y la moral del personal.
«La situación era un completo caos: se pagaba a quienes no trabajaban y los que sí lo hacían no recibían su salario. Nosotros decidimos dejar de lado las disputas sindicales y enfocarnos en nuestra responsabilidad principal: pagar puntualmente a los maestros y eliminar el pago a los ‘aviadores'», explicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Entre estos llamados «aviadores» se encontraban incluso actores políticos y servidores públicos incluidos en la nómina educativa sin cumplir con ninguna actividad dentro del sistema escolar, lo que complicaba aún más el manejo financiero y la transparencia.
Para superar estas irregularidades, se implementaron medidas de control rigurosas, tales como el pago de salarios directamente mediante tarjetas bancarias, la verificación constante de la asistencia laboral y el cruce continuo de información con la plantilla real de trabajadores del sector educativo.
También se creó la Unidad de Atención a Órganos Fiscalizadores, diseñada para atender simultáneamente diversas auditorías federales, fortaleciendo así la supervisión y la rendición de cuentas.
A pesar de la resistencia que estas acciones generaron en ciertos sectores, las autoridades afirman que tales medidas no solo mejoraron notablemente la transparencia en el manejo de recursos públicos, sino que además estabilizaron el pago a los docentes, garantizando la continuidad y normal desarrollo de los ciclos escolares en la entidad.
