El Instituto Nacional Electoral (INE) expresó su desaprobación hacia el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) debido a la tardanza con que este último presentó las solicitudes para imponer medidas cautelares que detuvieran la difusión de propaganda electoral de precampaña del Partido del Trabajo (PT) y Morena. Estos mensajes eran transmitidos en un periodo prohibido por la ley electoral en dicha entidad, lo que generó preocupación sobre la eficacia y oportunidad en la actuación de las autoridades electorales locales.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, se presentaron y aprobaron dos proyectos de acuerdo que determinaron la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas. Esto se fundamentó en que los spots de precampaña denunciados ya habían sido transmitidos, por lo cual se consideraron actos consumados e irreversibles. Las quejas iniciales fueron interpuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), en relación con diferentes promociones difundidas en televisión y radio.
INE reprocha demora del IEC
El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión, destacó en la exposición del primer proyecto la crítica central hacia la demora del Instituto Electoral de Coahuila para actuar tras las denuncias presentadas. Este primer caso abordó la queja del PRI respecto a la transmisión de promocionales denominados PT-Coahuila durante la precampaña local, los cuales fueron transmitidos en momentos en que la ley electoral prohíbe dicho material.
«Si la transmisión de estos promocionales no se hubiera consumado de manera irreversible, habría existido la posibilidad de dictar las medidas cautelares correspondientes», afirmó con firmeza el consejero Castillo, subrayando la importancia de una actuación oportuna para evitar violaciones a la normativa electoral.
«Lo que sucedió fue que el 7 de marzo pasado, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE recibió las quejas vinculadas con estos promocionales. Ese mismo día, la UTCE informó al Instituto Electoral de Coahuila debido a que se trataba de asuntos relacionados con campañas locales. Sin embargo, a pesar de la rapidez con que la UTCE actuó, el IEC tardó 12 días en solicitar formalmente las medidas cautelares», explicó detalladamente.
«Las solicitudes para dictar las medidas cautelares se presentaron recién el día anterior a nuestra sesión. La consecuencia inevitable fue que la transmisión ya había concluido, consumando así los actos de manera irreparable», enfatizó el consejero, señalando claramente el impacto de esta demora en la pérdida de control sobre la difusión indebida.
Un escenario similar se presentó en el segundo proyecto, que trató la denuncia interpuesta por el PAN contra cuatro promocionales de radio y cinco de televisión difundidos por Morena, promoviendo precandidaturas locales. En muchos casos, ya habían concluido su periodo de transmisión cuando se intentaron tomar acciones, haciendo imposible la aplicación efectiva de las medidas cautelares.
«Varios de estos promocionales ya terminaron su periodo de difusión y otros lo harán el mismo día de hoy, lo que dificulta la instrumentación efectiva de cualquier medida que pudiera haber sido procedente», comentó el consejero Castillo, resaltando la naturaleza urgente que requieren estos procedimientos para proteger la equidad electoral.
El consejero enfatizó que esta demora del IEC tuvo consecuencias graves, ya que los actos denunciados se consumaron de forma irreversible, lo cual constituye un problema serio que no debe repetirse en futuros procesos electorales. Esta situación vulnera no solo la normativa, sino también la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral.
Como respuesta, se propuso incluir en la resolución de cada proyecto un exhorto dirigido al Instituto Electoral del Estado de Coahuila para que, en adelante, atienda con prontitud cualquier solicitud de medidas cautelares que reciba. Esta recomendación fue aprobada por unanimidad, demostrando el consenso en la importancia de fortalecer la actuación oportuna de las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de la ley.
Este llamado enfatiza la necesidad de que las autoridades electorales locales actúen con mayor diligencia y efectividad, evitando que demoras administrativas afecten la legalidad y transparencia de las elecciones. La coordinación entre La Raza Media y el INE debe fortalecerse para proteger los procesos democráticos en futuras contiendas.
En conclusión, la situación evidenciada en Coahuila sirve como un ejemplo claro de los riesgos que implica la dilación en la respuesta ante violaciones a la normativa electoral. La pronta reacción de las instituciones es fundamental para asegurar condiciones justas e igualitarias en las campañas políticas, preservando la confianza ciudadana y la legitimidad del proceso electoral.
