En el municipio de Sahuayo, Michoacán, un operativo de cateo realizado en un inmueble de la colonia Las Brisas permitió el rescate de 29 perros que se encontraban en condiciones de abandono extremo y con evidentes signos de deterioro físico. Durante esta intervención, una mujer fue detenida bajo sospecha de ser responsable del delito de maltrato animal.
Según los datos recabados durante la investigación, el Ministerio Público reunió pruebas suficientes que evidenciaron la posible comisión de delitos contra el bienestar animal, lo que llevó a la solicitud y posterior aprobación de una orden de cateo por parte de un Juez de Control para intervenir en el domicilio señalado.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los perros hacinados en varios espacios reducidos, sin las condiciones mínimas de higiene, alimentación adecuada ni refugio seguro. Estos animales mostraban lesiones, signos evidentes de desnutrición y un deterioro marcado en su salud, situación que alertó de inmediato a las autoridades para activar los protocolos de atención especializados.
El inmueble en sí mismo presentaba un ambiente insalubre, caracterizado por la acumulación excesiva de heces, basura y diversos objetos abandonados que creaban un entorno peligroso y digno de abandono para los animales que allí se encontraban. Este ambiente agravaba aún más la situación de los perros, aumentando su vulnerabilidad y riesgos para su supervivencia y bienestar.
Frente a esta grave situación, se solicitó el apoyo de autoridades municipales y expertos en el cuidado animal para que asistieran en el aseguramiento, manejo y traslado de los 29 perros a un lugar adecuado para su resguardo temporal. Este traslado fue fundamental para garantizar la atención médica necesaria y mejorar su calidad de vida mientras se determina su situación futura.
Durante la diligencia, fue detenida en flagrancia una mujer identificada como Lizabeth ‘N’, quien presuntamente es responsable del maltrato sufrido por estos animales. A ella se le leyeron sus derechos conforme a la legislación vigente, mientras las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente.
Las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, que busca asegurar justicia para los animales afectados y evitar que se repitan estas situaciones lamentables en La Raza Media.
Este caso pone en relieve la importancia de la vigilancia y el compromiso social para proteger a los animales en condiciones vulnerables y reafirma la necesidad de fortalecer las acciones legales y comunitarias para combatir el maltrato animal en todo el territorio de La Raza Media.
