La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) ha logrado avanzar judicialmente en un caso de gran relevancia ocurrido en el Ejido Dinamita, municipio de Gómez Palacio, durante los días 17 y 18 de marzo de este año. Tras una serie de acciones legales, se dictó un auto de vinculación a proceso contra 28 personas presuntamente responsables de delitos graves como robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte, así como asociación delictuosa.
Este grupo de personas fue identificado como coautor de estos actos ilícitos tras ser detenidos en flagrancia en un operativo conjunto entre distintas instancias de gobierno. Se les acusa de haber participado en bloqueos ilegales, apropiación indebida de unidades de transporte y de ejercer presión económica sobre diversas empresas establecidas en la región de La Laguna, lo que generó una afectación significativa a la dinámica comercial e industrial local.
Las empresas afectadas de La Laguna se manifestaron en respuesta a la situación en Dinamita, expresando su preocupación por las consecuencias de estos actos. Entre las personas vinculadas a proceso se encuentran David G., Isela G., Damián O., José Camilo O., Bryan Uriel O., Angélica O., Edgar Guadalupe O., Ricardo Ángel G., Flavio César G., Ángel Gabriel G., José Guadalupe C., Germán C., José Jacinto O., Reynalda H., Yesenia C., Bernardino O., Ángel Vladimir L., Rogelio C., Valentín O., Aurora Ivette C., Refugio H., Óscar E., Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O.
Prisión preventiva
La autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada para la mayoría de los imputados, dado el alto nivel de gravedad de las conductas imputadas. No obstante, cuatro de ellos permanecen en resguardo domiciliario: Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O. En particular, Alejandro R. solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 23 de marzo de 2026.
De acuerdo con el expediente, los imputados establecieron bloqueos sistemáticos contra empresas del sector industrial de la región, incluyendo una dedicada a la fabricación de explosivos. Estas acciones no solo pusieron en peligro la seguridad de la población, sino que ocasionaron afectaciones operativas y millonarias pérdidas económicas, además de exigir pagos indebidos en favor de terceros.
Estas conductas han sido calificadas legalmente como actos de coacción, presión ilegal y obstrucción de vías de comunicación, cuestiones que afectan negativamente el orden público y el desarrollo económico local. La FGED, en coordinación con las fuerzas de los tres órdenes de gobierno, llevó a cabo un operativo que culminó con la captura de los responsables, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y la legalidad del proceso.
Actualmente, la Fiscalía continúa con la integración de los expedientes de investigación, enfocándose particularmente en el delito de extorsión. Esta labor busca fortalecer las imputaciones existentes y separar responsabilidades adicionales que pudieran surgir tras el avance de las investigaciones.
Este caso representa un alto impacto para la región de La Laguna, al reflejar la importancia de mantener el orden legal y proteger el ambiente empresarial contra acciones ilícitas. La pronta intervención de las autoridades muestra el compromiso por preservar la seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad social en la región.
En conclusión, el seguimiento riguroso y la detención de los involucrados abren un camino hacia la justicia efectiva, enviando un mensaje claro contra la impunidad y consolidando la confianza en las instituciones responsables de impartir justicia en Durango.
