La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sughey Torres Rodríguez, presentó una iniciativa crucial para reformar el Código Penal del Estado de Durango, con el propósito de tipificar con mayor precisión el delito de pandillerismo y fortalecer las sanciones contra quienes incurran en estas conductas. Esta propuesta busca combatir un problema social complejo que afecta la seguridad de las comunidades duranguenses.

La iniciativa legislativa plantea penas privativas de libertad que podrían ir de seis a doce años, así como multas de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), destinadas a quienes formen parte de asociaciones ilícitas o bandas integradas por tres o más personas con la finalidad de cometer delitos. La propuesta surge en respuesta a la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y la violencia en la región.

Durante su intervención en el Congreso del Estado de Durango, la diputada Torres Rodríguez enfatizó que los ciudadanos demandan acciones concretas y resultados palpables en materia de seguridad, más allá de discursos técnicos o declaraciones superficiales. La población desea vivir sin temor en las calles y sentirse protegida por el Estado.

«La ciudadanía no busca discursos técnicos; anhela resultados efectivos, seguridad palpable y la posibilidad de transitar sin miedo. No estamos votando en contra de los jóvenes, sino a favor de las víctimas, de la tranquilidad de las familias y del orden público. Esta Legislatura tiene la oportunidad de enviar una señal firme, demostrando que estamos del lado de la justicia y comprometidos con la restauración de la paz en Durango».

En representación del PRI, la legisladora detalló que la iniciativa tiene como objetivo otorgar claridad y certeza jurídica al marco legal vigente. Propone definir de manera precisa qué se entiende por pandillerismo, hacerlo un agravante cuando los delitos se cometen en grupo y endurecer las sanciones en casos que involucren violencia, uso de armas o cuando las víctimas sean miembros de sectores vulnerables.

Además, la reforma contempla dotar a las autoridades responsables de la procuración y administración de justicia con herramientas legales más claras y efectivas que faciliten la aplicación de la ley en estas circunstancias, respondiendo a la necesidad de mejores mecanismos para combatir este fenómeno criminal.

Torres Rodríguez subrayó que el pandillerismo en Durango no debe limitarse a la simple imagen de jóvenes congregados en espacios públicos, sino que debe comprenderse como una problemática social profunda y multifacética. En muchos casos, estas conductas están vinculadas a factores como el abandono, la falta de oportunidades y la debilitación del tejido comunitario.

Sin embargo, cuando estas agrupaciones escalan a actividades delictivas, su impacto negativo se extiende a toda la sociedad, generando temor e inseguridad en la población.

«Nuestra meta es una juventud con un futuro prometedor, no una juventud dominada por el miedo. Anhelamos comunidades cohesionadas y no escenarios de confrontación. Que quede claro: quienes buscan organizarse para fines legítimos tienen todo el derecho, pero quienes optan por delinquir en grupo deben entender que la ley aplicará sanciones más severas».

Manifestaciones de violencia

La legisladora advirtió que lo que en principio puede representar un sentido de identidad o pertenencia entre los jóvenes, tiene el potencial de transformarse en manifestaciones de violencia si no se atiende de manera adecuada. Esta escalada puede derivar en actos violentos que afectan la convivencia social.

Cuando estas bandas deciden delinquir, enfatizó, el impacto para las comunidades es aún mayor, provocando que el ambiente se vuelva intimidante y hostil para los habitantes. Esto agrava la percepción de inseguridad y vulnerabilidad.

Torres Rodríguez recordó que en fechas recientes en Durango se han reportado múltiples riñas colectivas en calles y espacios públicos, así como actos vandálicos que han incrementado el temor y la desconfianza de las familias hacia el entorno que las rodea.

Finalmente, destacó que estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que los jóvenes en Durango son tanto víctimas como perpetradores de violencia, lo cual demanda que las autoridades implementen una respuesta integral y coordinada para atender este fenómeno.

«No se trata de estigmatizar o criminalizar a la juventud, sino de establecer límites claros que pongan fin a la violencia y promuevan un entorno seguro para todos».