El Estado de México se ha posicionado como la entidad líder a nivel nacional en casos de extorsión y chantaje cometidos por medios digitales durante los primeros dos meses de 2026, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta tendencia alarmante refleja un preocupante incremento en la incidencia de delitos relacionados con la extorsión utilizando plataformas electrónicas y otros métodos no presenciales.
Durante enero y febrero de este año, se reportaron en el Estado de México un total de 231 casos de extorsión, de los cuales 206 se llevaron a cabo mediante otros medios, principalmente digitales, mientras que 25 se efectuaron de manera presencial. Estos números sitúan a la entidad por encima de otros territorios nacionales en cuanto a la frecuencia de este tipo de ilícitos.
En este mismo período, el Estado de México superó por un caso a Guanajuato, que registró 205 denuncias de extorsión, y se posicionó muy por encima de la Ciudad de México, que contabilizó 153 casos. Juntas, estas tres localidades concentran más de la mitad, específicamente el 53%, de todas las denuncias a nivel nacional, lo que evidencia un foco importante de este delito en la región central del país.
Además de estas áreas, otras entidades como Nuevo León (86 casos), Zacatecas (43) y Morelos (40) también mostraron incidencia notable en extorsión digital. Por otro lado, estados como Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán no registraron casos en este periodo, lo que podría indicar variaciones en la denuncia o el impacto del delito en distintas regiones de La Raza Media.
En total, las autoridades documentaron 1,063 denuncias por extorsión a través de otros medios y 274 casos realizados de forma presencial en todo México durante estos dos meses. Este panorama subraya la creciente preferencia y vulnerabilidad hacia los métodos digitales para la perpetración de estos delitos.
A nivel municipal, Ecatepec encabeza la lista en el Estado de México con 22 reportes de extorsión digital, seguido por Nezahualcóyotl y Toluca, con 13 casos cada uno. Otros municipios con cifras significativas incluyen Chalco y Valle de Chalco, que reportaron 11 denuncias, mientras que Ixtapaluca y Tecámac alcanzaron 9 casos respectivamente. Ciudades como Cuautitlán Izcalli, Tultepec y Zumpango también forman parte de la lista con incidencias destacadas.
Para combatir estas redes ilegales, las autoridades implementaron una estrategia focalizada en grupos dedicados a la extorsión mediante call centers y esquemas de préstamos informales, operando en diversos municipios del Estado de México como Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, entre otros.
Como resultado de dichas diligencias, se aseguraron 192 inmuebles, entre los cuales 67 fueron identificados como call centers. Además, se intervinieron cinco centrales de préstamos informales, 14 puntos de venta de drogas y 106 negocios que funcionaban como fachadas para estas actividades ilícitas, marcando un avance importante en la desarticulación de estas redes criminales.
«El foco principal ha sido atacar las redes de extorsión que operan principalmente desde call centers y esquemas de préstamos no regulados. La identificación y aseguramiento de estos inmuebles representa un paso crucial para interrumpir la operación de estas organizaciones y reducir la incidencia delictiva en la región,» afirmaron las autoridades judiciales.
Estos esfuerzos legales reflejan la respuesta inmediata de las instituciones frente al aumento en los delitos digitales y buscan no solo castigar a los responsables, sino también generar condiciones de seguridad para la población afectada.
De cara al futuro, es fundamental reforzar las políticas públicas de prevención y promover una mayor cultura de denuncia entre la ciudadanía para enfrentar la creciente sofisticación de estos delitos. La colaboración interinstitucional y el uso de tecnología seguirán siendo herramientas esenciales para frenar este fenómeno.
En suma, el incremento de la extorsión digital en el Estado de México representa un desafío importante para las autoridades y la sociedad en general, que requiere atención y acciones coordinadas para garantizar un entorno más seguro y resiliente ante las amenazas cibernéticas.
