El reciente anuncio del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones de llevar el tema de las desapariciones en México ante la Asamblea General ha sido recibido como un logro monumental por miles de familias afectadas. Colectivos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos expresaron en un comunicado conjunto que esta acción representa la voz que han alzado incansablemente durante años para visibilizar una crisis profunda y urgente.

«Compartimos plenamente la postura del Comité al reconocer la necesidad apremiante de implementar las acciones propuestas ante la Asamblea General, que incluyen brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en áreas críticas como la búsqueda, el análisis forense y la investigación exhaustiva de las denuncias de desapariciones forzadas, además de indagar los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado», afirmaron los colectivos.

Más allá de la exigencia de asistencia técnica, también demandan la creación de un mecanismo efectivo que esclarezca la verdad detrás de cada desaparición y que otorgue protección y acompañamiento a las familias en su búsqueda incansable, así como a las organizaciones y defensores que las respaldan en este difícil proceso.

Un llamado al diálogo y a la responsabilidad gubernamental

Estas agrupaciones dirigieron un contundente llamado al Estado mexicano para establecer un diálogo inmediato y genuino, considerado como la única vía para avanzar en la solución de esta crisis. Insisten en que el gobierno debe asumir plenamente su responsabilidad y proponen que la propia Presidenta de la República convoque a todas las familias con personas desaparecidas para conocer a fondo la magnitud de esta tragedia, aceptar las conclusiones del Comité y diseñar una auténtica Estrategia Nacional de Búsqueda que garantice resultados efectivos.

El comunicado enfatiza que la aplicación del Artículo 34 del Comité representa una esperanza real para alcanzar la verdad y la justicia, recordando que en México hay registradas 132 mil 534 personas desaparecidas, una cifra que claramente configura una tragedia humanitaria de proporciones alarmantes. Subrayan que el diálogo debe ser la piedra angular para superar los obstáculos en los procesos de búsqueda y justicia.

En su pronunciamiento dirigido a la Asamblea General de la ONU, al Secretario General de Naciones Unidas, al Comité contra la Desaparición Forzada, a la sociedad nacional e internacional y al Estado mexicano, las familias, colectivos y organizaciones saludan esta histórica decisión del Comité de Naciones Unidas, que eleva la grave problemática de las desapariciones forzadas en México a una instancia mundial que no puede ignorarla.

Contexto y antecedentes de la crisis de desapariciones

Los familiares recordaron que desde 2010, especialmente en el norte del país, han demandado con urgencia al Estado mexicano la implementación de políticas públicas y atención efectiva para detener las desapariciones. Sin embargo, la falta de responsabilidad palpable por parte de los tres órdenes de gobierno ha generado la situación actual, con más de 130 mil víctimas, evidenciando el fracaso institucional para enfrentar esta crisis humanitaria.

Desde esos primeros años, las familias emprendieron una búsqueda incansable tocando todas las puertas nacionales e internacionales posibles. Inicialmente presentaron denuncias formales en fiscalías y posteriormente pidieron la creación y coordinación de instituciones encargadas de atender la crisis, que lleva más de cinco décadas generando sufrimiento y heridas profundas no solo por desapariciones sino también por otros delitos vinculados a políticas de seguridad inadecuadas.

Destacaron que los desaparecidos que acompañan son la prueba irrefutable de la existencia de desapariciones forzadas en México, a pesar de la persistente negación oficial por parte del Estado. Manifestaron su preocupación porque esta negativa no solo continúa, sino que ahora también se traduce en un rechazo a la ayuda internacional que podría ser crucial para enfrentar el problema.

Finalmente, las familias advirtieron con contundencia que la historia ha demostrado que mientras el Estado mexicano mantenga su política de negación y simulación, perpetuada a través de sus instituciones y reformas, continuará condenando a toda la sociedad a la repetición de estos crímenes de lesa humanidad. Esta falta de responsabilidad prolongará el sufrimiento y la tortura emocional de las víctimas y sus familiares, quienes enfrentan un camino devastador en su búsqueda de justicia y verdad.