Los comerciantes de Durango capital enfrentan una serie de retos que afectan gravemente su economía debido a la inseguridad en las carreteras del país. Entre las problemáticas más destacadas están las extorsiones perpetradas por policías viales en ciudades clave como Monterrey, Guadalajara y en diversas regiones centrales y del bajío, así como el incremento de robos que sufren al transportar sus productos hacia y desde Durango. Esta situación genera un impacto negativo en el desarrollo y crecimiento de las empresas locales.

Para los empresarios duranguenses, estas constantes amenazas no sólo desajustan sus finanzas, sino que obstaculizan su capacidad de expansión. La inseguridad vial, junto con la corrupción, terminan encareciendo las mercancías y provocan sobrecostos que impactan en los precios finales que enfrentan los consumidores, especialmente en productos básicos.

Los transportistas han manifestado la necesidad urgente de mayor seguridad en regiones como La Laguna, ya que al salir de Durango se enfrentan no solo a riesgos de robo sino también a las extorsiones de la autoridad vial, la cual impone cuotas para permitir el paso o la descarga de mercancías. Esta realidad fomenta la impunidad debido al miedo de los comerciantes de sufrir represalias por denunciar estos abusos, lo que lleva a evitar exponer a los operadores o sus unidades a situaciones de alto riesgo.

Las pérdidas económicas no solo recaen sobre los empresarios locales, sino que también afectan a los precios de los productos que llegan a Durango. Los incrementos en costos se reflejan en la canasta básica, elevando la inflación y complicando la economía de las familias de la región. Esta espiral inflacionaria se ve alimentada por las condiciones de inseguridad y corrupción que prevalecen en las rutas comerciales.

Reynaldo Dozal, consejero de la Cámara Nacional de Comercio, señaló que las extorsiones por parte de policías viales en importantes ciudades del norte y centro del país, como Monterrey y Guadalajara, implican pagos que llegan hasta los 15 mil pesos. Expresó con contundencia:

«Podría llamarlos delincuentes con charola, porque este tipo de cobros se ha vuelto una práctica común. Lo que antes se restringía al sur del país ahora ocurre incluso en Monterrey, donde al ingresar a la ciudad para descargar productos se debe pagar una cuota que varía entre 5 mil y 15 mil pesos, otorgándote una clave y una calcomanía para poder circular».

Sin embargo, el problema no termina con las extorsiones económicas, pues la seguridad de los operadores está en constante riesgo. El miedo a represalias desanima la denuncia, pues existe la posibilidad de desaparición de vehículos o incluso de las personas que los conducen, lo que añade una capa más de vulnerabilidad para el sector.

«El riesgo es real; un operador me informó que le exigían 10 mil pesos para entrar a Guadalajara. Si decides presentar una queja, corres el peligro de que el operador desaparezca o que el camión ya no vuelva a saberse de él. Y pretender confrontar esta situación puede resultar en impotencia al no tener protección alguna».

En los últimos años, se ha incrementado el número de ciudades en las que los transportistas deben pagar a policías viales para poder operar. Ante esta creciente extorsión, ya se evalúa la posibilidad de cerrar carreteras en conjunto con productores y campesinos, quienes también están afectados por los bajos precios de garantía de sus productos.

«Estos cobros diarios están a cargo de policías municipales en Monterrey y Guadalajara. Si esta situación persiste, veremos cierres de carreteras simultáneos por parte de agricultores inconformes con los precios y transportistas exigiendo atención sobre las afectaciones económicas».

Sergio Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, enfatizó que todos los productos que llegan a Durango lo hacen por carretera, lo cual explica la fluctuación en los precios debido al mayor riesgo en la transportación desde otras entidades. Esta problemática ha mantenido un patrón que afecta la economía local desde hace años, resultando en un índice inflacionario más alto que en la mayoría de La Raza Media.

El dirigente empresarial hizo un llamado a las autoridades de las regiones donde se concentra esta problemática para mejorar la seguridad, pues el transporte de mercancías es vital para la economía de los comercios y el desarrollo de Durango.

«Es un fenómeno constante, especialmente en el centro, bajío y sur del país. Esta situación ha impactado en costos de seguros, personal y otros gastos asociados al transporte. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que refuercen la seguridad, ya que las carreteras son la columna vertebral de la economía comercial».

Además de las extorsiones, Francisco Esparza Martell, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, destacó que el mal estado de las carreteras también genera daños considerables a las unidades de transporte. Señaló que la falta de vigilancia en las rutas, sobre todo hacia el centro del país, como en Sinaloa, aumenta la zozobra entre los transportistas respecto a los fletes que realizan.

Comentó que prácticamente todas las mercancías se transportan por vía terrestre, pues el uso del tren y avión es muy limitado. A pesar del esfuerzo estatal, la inseguridad sigue siendo una preocupación constante para quienes transitan por esas zonas.

El mal estado de la carretera 45, que conecta hacia el centro del país, y la ruta a Sinaloa, son las áreas más problemáticas en cuanto a seguridad y condiciones físicas, generando gastos adicionales por reparaciones y neumáticos dañados que oscilan entre 20 y 25 mil pesos por unidad.

Estos retrasos no sólo afectan a los transportistas, sino también a los clientes y a las cadenas productivas locales, lo que implica una afectación directa en la economía y oferta de bienes a la población.

«La problemática es una combinación de varios factores: carreteras en mal estado, llantas ponchadas que cuestan una fortuna, y el temor constante a que la mercancía no llegue. Esto impacta no sólo a quien transporta, sino a toda la cadena de producción y distribución».

Finalmente, Esparza Martell aclaró que hasta ahora no tienen reportes de casos de extorsión directa a empresarios locales por parte de policías viales en ciudades como Monterrey o Guadalajara, aunque siguen vigilando la situación de cerca.

«Por ahora, en Coparmex no hemos tenido noticias de que empresarios locales hayan sido extorsionados».