El Condado de San Luis Obispo ha enviado una carta a la legislatura estatal mostrando su apoyo para la ampliación del funcionamiento de la Planta de Energía Diablo Canyon (DCPP) por hasta 20 años adicionales. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de seis ciudades del condado, varios distritos de servicios comunitarios, el Distrito Portuario de San Luis, el Distrito de Control de la Contaminación del Aire y el Distrito Escolar Unificado Costa de San Luis.

La carta manifiesta apoyo a la acción legislativa para autorizar la operación extendida de la planta, restaurar el tratamiento fiscal unitario para Diablo Canyon y respaldar la conservación terrestre costera y el acceso público en zonas cercanas a la instalación.

En diciembre pasado, la Comisión Costera de California aprobó la extensión de operaciones en Diablo Canyon, considerándola segura y ambientalmente sólida para funcionar otros 20 años. Actualmente, la planta cuenta con autorización para operar hasta 2030.

Bruce Gibson, supervisor del distrito 2 del condado, señaló que el enfoque actual es definir las acciones necesarias para permitir la prolongación de operaciones más allá de 2030, siempre que se obtengan todas las aprobaciones requeridas.

El comunicado destaca que la planta aporta aproximadamente el 9% de la generación total de energía del estado y es considerada un componente clave de la infraestructura limpia de California. Extender su vida operativa proporcionaría una fuente estable de energía base libre de carbono, mejorando la confiabilidad de la red eléctrica, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzando en las metas climáticas del estado.

No obstante, también enfatiza que cualquier extensión debe venir acompañada de equidad fiscal para las comunidades anfitrionas. Por ello, el condado solicita a la asambleísta Dawn Addis y al senador John Laird la restauración del sistema fiscal unitario vigente antes de la desactivación de la planta, que permitía distribuir ingresos fiscales a municipios, distritos escolares y agencias públicas, sosteniendo así servicios esenciales, programas educativos, infraestructura y seguridad pública.

Si esta restauración no fuera posible, se piden mitigaciones financieras alternativas para el condado y entidades locales afectadas por las exenciones fiscales durante el periodo de operación extendida. La carta también resalta el apoyo a la conservación de tierras y al acceso público en las áreas circundantes a la planta, en coordinación con agencias reguladoras y de conservación.

La petición al Legislativo incluye tres puntos principales: apoyar el proceso regulatorio de la Comisión Reguladora Nuclear y establecer una vía estatal para licenciar la operación extendida; promulgar una legislación que restaure el tratamiento fiscal unitario o su equivalente; y respaldar el plan de conservación y acceso público de la Comisión Costera para las tierras alrededor de Diablo Canyon.

Estas medidas configuran un marco político prudente y visionario que equilibra las necesidades energéticas limpias de California con la salud fiscal local, la protección ambiental y los intereses comunitarios. El condado expresa su disposición a colaborar con la legislatura para aprobar leyes que reflejen estas prioridades y fomenten un futuro sostenible y justo.

Cabe señalar que la ciudad de San Luis Obispo es la única que no se ha sumado a la carta conjunta, optando en cambio por enviar una comunicación propia donde se destacan tres temas clave: seguridad pública y preparación, mitigación fiscal y planificación a largo plazo junto con la conservación del territorio.