El Poder Judicial de Puebla ha tomado medidas contundentes contra la corrupción al destituir a dos jueces y suspender temporalmente a tres funcionarios por irregularidades en sus funciones. Estas acciones forman parte de un total de 12 casos investigados durante el año 2026, reflejando un esfuerzo sostenido por mejorar la integridad dentro del sistema judicial.
El Consejo de la Judicatura de Puebla presentó un informe tras concluir cinco procedimientos disciplinarios, en los cuales se mantuvo confidencial la identidad completa de los implicados, aunque sí se dieron a conocer las sanciones administrativas impuestas, que van desde la destitución hasta suspensiones temporales.
Entre los casos más destacados, se encuentra la destitución e inhabilitación por un año de Jesús G., quien desempeñaba el cargo de juez municipal en Camocuautla, región ubicada en la Sierra Norte. Esta acción fue motivada por irregularidades detectadas en la tramitación de un pasaporte para un menor de edad y una presunta conexión con una red de tráfico de personas, motivo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) también ha incorporado esta investigación.
Asimismo, Sandra Lucía P. I., jueza de lo Civil y Penal en el distrito judicial de Tecamachalco, que abarca ocho municipios, fue removida e inhabilitada por abuso de funciones. Esta sanción resalta la intolerancia del Poder Judicial hacia cualquier desvío en el cumplimiento de responsabilidades que socaven la confianza pública.
Además, se ordenó una suspensión temporal a Olivia J., escribiente adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, debido a que fue acusada de solicitar y recibir dinero en su cuenta personal para acelerar trámites judiciales, una clara manifestación de corrupción que afecta la justicia y equidad en los procesos.
Otros funcionarios sancionados incluyen a José Oscar C., secretario de acuerdos encargado del despacho en Huejotzingo, suspendido por seis meses tras realizar una diligencia de perdón judicial sin confirmar la identidad de la víctima. Mario Alberto P., secretario de acuerdos en el distrito judicial de Zacapoaxtla, recibió una suspensión de 90 días por emitir una sentencia sin tener facultades legítimas para hacerlo.
Estas sanciones se suman a las siete remociones aplicadas en enero de 2026, informó Pedro Antonio Martínez, presidente del Consejo de la Judicatura, al Congreso local. En ese momento, se anunció una revisión exhaustiva para identificar a funcionarios judiciales que pudieran estar involucrados en redes corruptas, como el denominado «Cártel del Despojo», debido a múltiples quejas y denuncias relacionadas con su conducta en el ejercicio de sus funciones.
Esta intensificación en las investigaciones del Poder Judicial responde también a la petición del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien exigió a los organismos autónomos impulsar «una limpieza» efectiva contra la corrupción entre los servidores públicos. Su administración ha recibido numerosas quejas ciudadanas respecto a la actuación de algunos funcionarios judiciales, por lo que hizo un llamado a actuar con total apego a la ley y respeto al debido proceso, especialmente de cara a la próxima elección judicial local programada para 2027.
