Silvia Ortiz, vocera del colectivo Grupo VIDA, hizo un llamado urgente a las autoridades de Durango para que los recursos destinados a la atención de víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas se utilicen de forma eficiente y transparente. Esta petición surge tras recientes encuentros con funcionarios federales, donde se evidenció la necesidad de mejorar la gestión presupuestal, ya que hay familias que, ante la falta de acciones locales, se ven obligadas a buscar en lugares como Concordia, Sinaloa, ante indicios encontrados.
Ortiz destacó que las fallas no están limitadas a la Comisión Estatal de Búsqueda, sino que también afectan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde además se reporta un trato deficiente hacia quienes buscan a sus seres queridos. En contraste, mencionó que en lugares como Coahuila han apoyado incluso con servicios funerarios y entrega de féretros, aspecto que en Durango aún presenta grandes carencias.
El colectivo Grupo VIDA ha manifestado un profundo rechazo ante las modificaciones realizadas al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, así como a los recientes despidos en la Fiscalía General de la República (FGR), que consideran afectan la búsqueda y la atención. La vocera relató la frustración de madres desanimadas que, al solicitar información sobre el avance de investigaciones, reciben como respuesta: “Si ya interpuso denuncia, no hay razón para que regrese”.
«Necesitamos conocer todo el proceso, entender qué ha pasado realmente. Pero ellos responden: ‘Déjeme buscar en el Servicio Médico Forense si alguien está ahí’. ¿Cómo esperan que confiemos en ese procedimiento?».
Ortiz denuncia manejo inadecuado del presupuesto público
Uno de los puntos neurálgicos que enfatizó Silvia Ortiz es la mala administración de los recursos asignados para la búsqueda y atención a víctimas en Durango. Señaló que los fondos no solo se malgastan en la Comisión Estatal de Búsqueda, sino también en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, entidad que, en sus palabras, “brilla por su ausencia y cuyo trabajo es prácticamente invisible” para los afectados.
«No sólo la Comisión Estatal de Búsqueda falla en su labor, sino también la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, que prácticamente desaparece y no sabemos qué funciones cumplen realmente».
Ortiz enfatizó la importancia de recopilar todas las versiones testimoniales posibles para aumentar las probabilidades de localizar a las personas desaparecidas, sin importar la condición o circunstancias en las que se encuentren. Esta estrategia resulta esencial para fortalecer las investigaciones, que hasta ahora han sido insuficientes.
Como ejemplo de acciones exitosas, mencionó el reciente rescate de dos jóvenes originarios de Torreón, quienes se sospechaba habían sido llevados a Sinaloa. Esto demuestra que, con coordinación y mecanismos adecuados, es posible salvar vidas y avanzar en la búsqueda.
«Tenemos que analizar el motivo por el que los trasladaron desde Durango hasta Concordia. Recientemente rescatamos a un joven que fue llevado desde Torreón y gracias a la colaboración del ejército y la Guardia Nacional en Mazatlán, Sinaloa, fue posible recuperarlo vivo. La madre, la Fiscalía de Torreón y nuestro colectivo se unieron con mucha presión y esfuerzo».
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de establecer en Durango procesos institucionales efectivos que permitan replicar estas acciones, así como un trabajo coordinado entre organizaciones civiles, autoridades y fuerzas de seguridad para evitar que más personas desaparezcan o sean trasladadas a otras regiones sin seguimiento adecuado.
Finalmente, Ortiz hizo un llamado a la reflexión sobre el grave impacto que tiene la mala aplicación de presupuestos en la vida de las víctimas y sus familias, instando a que las autoridades de Durango asuman con responsabilidad su compromiso y actúen con transparencia y eficacia para garantizar justicia y pronta localización de desaparecidos.
