La Coparmex Laguna ha expresado su preocupación y rechazo frente a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias. Este posicionamiento surge ante la falta de claridad en los procesos y criterios que determinan cuándo una cuenta puede ser congelada como medida preventiva ante sospechas de recursos de procedencia ilícita.

Mary Carmen Reyes, presidenta del organismo, en rueda de prensa, señaló la ausencia de reglas claras y mecanismos definidos tanto en materia judicial como en términos de transparencia. Esta incertidumbre, explicó, amenaza la confianza de inversionistas y pone en riesgo la continuidad operativa de empresas ya establecidas en La Laguna, afectando así directamente el clima de negocios en la región.

Efecto dominó que afectaría Mipymes

La resolución que motivó esta controversia es resultado de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, la cual ratifica la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Por mayoría, con seis votos a favor y tres en contra, la SCJN dictaminó que el bloqueo de cuentas procede cuando la UIF cuenta con «indicios suficientes» que sugieran vínculo con actividades ilícitas o financiamiento al terrorismo.

Reyes enfatizó que el bloqueo sin orden judicial previa y basado en criterios subjetivos expone a una interpretación arbitraria que puede dañar la defensa legal de los afectados. Esto, a su vez, genera un riesgo significativo de paralización en las operaciones de las empresas, desencadenando un efecto en cadena que pone en vulnerabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y afecta también al consumidor final.

«Lo que hemos determinado es la existencia de una sanción anticipada que requiere sustentarse en un proceso claro, pero este procedimiento no ha quedado debidamente definido. Hemos comprobado que este bloqueo precautorio sin supervisión judicial es arbitrario. Así, el sistema de justicia parece fungir como juez y parte».

De manera crítica, lamentó que esta medida funcione como un castigo económico inmediato, previo a cualquier prueba de culpabilidad, colocándose al afectado en una posición procesal desfavorable y con limitaciones para ejercer plenamente su defensa.

Enfatizó que las Mipymes, que constituyen hasta el 99.9 % de las unidades económicas y generan el 70 % del empleo en México, se sitúan en la línea de fuego de esta resolución. El riesgo de cierre se acentúa debido a la falta de áreas jurídicas especializadas y reservas financieras para sostener litigios prolongados derivados de bloqueos injustificados.

Mary Carmen Reyes ilustró el proceso crítico que enfrentan las empresas: el primer día tras el bloqueo cautelar, pierden acceso a sus cuentas sin aviso previo; entre el segundo y quinto día enfrentan parálisis financiera que impide cumplir con pagos de nómina y obligaciones fiscales; del sexto al decimoquinto día sufren rupturas en sus operaciones por incumplimientos con proveedores, lo que, en última instancia, puede conducir al cierre definitivo.

Propuestas de Coparmex para mejorar el marco legal

Ante esta situación, Coparmex Laguna propone establecer criterios objetivos y legales claros para definir qué constituye un «indicio suficiente» para proceder al congelamiento de cuentas, con el fin de eliminar la ambigüedad actual. Solicita también un control judicial previo riguroso, en el que un juez competente revise y valide la medida antes o de forma expedita para proteger los derechos de los involucrados.

Además, demanda la implementación de un derecho inmediato a la defensa y notificaciones transparentes y automáticas al titular de la cuenta para garantizar su derecho de réplica y a la justicia.

Asimismo, la organización insta a crear un régimen de sanciones efectivo para las autoridades cuando se comprueben acciones infundadas que dañen a los particulares, y a promover mayor transparencia mediante la publicación periódica y accesible sobre el uso de estas facultades, especialmente los bloqueos de cuentas.

Este llamado de Coparmex Laguna refleja la urgencia de equilibrar la lucha contra delitos financieros sin sacrificar la certidumbre jurídica y estabilidad económica de las empresas, especialmente de las Mipymes, motor crucial de la economía nacional y de la generación de empleo en La Raza Media.