Las investigaciones recientes sobre el incidente ocurrido en la Escuela Secundaria General “Centenario de la Revolución Mexicana” en Gómez Palacio han concluido que el conflicto no fue una riña mutua entre dos alumnas, sino una agresión unilateral de una estudiante hacia otra. Asimismo, se confirmó que no existían antecedentes de problemas previos entre las involucradas, quienes, según reportes, estaban catalogadas como buenas estudiantes dentro del plantel.

Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, expresó que esta situación evidencia la urgente necesidad de reforzar las acciones preventivas no solo por parte de las autoridades educativas, sino con la participación activa de todos los actores implicados, especialmente los padres de familia. Enfatizó que la responsabilidad es compartida y que la secretaría enfrenta limitaciones para supervisar tantos grupos escolares simultáneamente.

El funcionario explicó que, a raíz del incidente, la Subsecretaría de Educación actuó conforme a los protocolos establecidos dentro de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que define claramente hasta dónde puede intervenir la autoridad educativa en casos de agresión entre estudiantes. Dentro de sus facultades, una de las medidas principales es la reubicación de las alumnas en diferentes instituciones para evitar más enfrentamientos.

Uno de los principales cuestionamientos por parte de los padres fue la aparente falta de capacidad de los docentes para brindar primeros auxilios inmediatos. Adame de León aclaró que está en marcha un proyecto para capacitar a un primer respondiente en cada escuela, encargado de atender situaciones de emergencia. Sin embargo, reconoció que actualmente solo entre el 20 y 30 por ciento de los centros educativos cuenta con esta figura especializada.

El programa llamado “Mochila Segura”, diseñado para revisar pertenencias y prevenir riesgos, no puede implementarse de manera generalizada en todas las escuelas debido al gran número de grupos activos, que ascienden a más de diez mil quinientos en la región. Esta limitación también está relacionada con la protección de los derechos de los menores, por lo que su aplicación es restringida y puntual.

Procedimiento legal y seguimiento

Juan Francisco Ángeles Zapata, vicefiscal de Zona 1 Laguna Durango, informó que la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del incidente desde el pasado jueves, el cual involucró a dos adolescentes de trece años en el interior de una institución educativa. De inmediato, elementos de Seguridad Pública municipal de Gómez Palacio intervinieron y dieron aviso al agente del Ministerio Público para dar seguimiento conforme al protocolo.

Dijo que actualmente se llevan a cabo los procedimientos necesarios para salvaguardar y proteger los derechos de ambas adolescentes, y será el juez especializado en Justicia para Adolescentes quien determine el rumbo legal del caso con base en la ley.

El vicefiscal destacó que los procesos para adultos y menores son distintos, tal como lo estipulan la Constitución Federal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México. Este marco legal adopta un enfoque educativo y basado en derechos humanos, orientado a la reinserción social y no al castigo punitivo.

Además, señaló que la Fiscalía y el agente del Ministerio Público especializado han implementado los protocolos correspondientes, incluyendo la intervención de diversas autoridades, como la Procuraduría y el DIF, con el objetivo de proteger la integridad física de los adolescentes involucrados y esclarecer a fondo los hechos para emitir la resolución adecuada.

El viernes por la mañana, Ángeles Zapata participó en la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en la presidencia municipal de Gómez Palacio, donde este caso fue uno de los temas centrales. Se acordó fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad y crear mecanismos que ayuden a prevenir situaciones similares en el futuro.

Estas acciones conjuntas representan un avance significativo en la búsqueda de entornos educativos más seguros y el compromiso de las autoridades en atender y resolver incidentes de esta naturaleza, garantizando siempre la protección y bienestar de los menores.