El presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez, reveló que actualmente se mantienen procedimientos abiertos contra dos jueces y que más de 15 servidores judiciales están bajo investigación debido a presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Esta acción busca transparentar y sanear los procesos dentro del sistema judicial del estado.
Durante una entrevista con MULTIMEDIOS Puebla, Martínez detalló que las quejas más frecuentes de la ciudadanía giran en torno al rezago prolongado en los procesos judiciales, mala atención al público y la existencia de prácticas irregulares en el funcionamiento de los juzgados. Estos problemas reflejan la necesidad de una supervisión más estricta y de mecanismos efectivos para combatir la corrupción que afecta la confianza en la justicia.
El Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de la regulación, vigilancia y administración del Poder Judicial en Puebla, que incluye también al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia Administrativa, ha adoptado una estrategia que contempla supervisión directa en sedes judiciales y una revisión interna exhaustiva de las prácticas institucionales. Esta iniciativa tiene como objetivo detectar y corregir fallas que afectan la operatividad y ética del sistema.
Desde noviembre pasado, se han realizado recorridos por diversas sedes judiciales del estado para identificar carencias operativas, descubrir irregularidades y establecer un contacto más cercano con el personal. Como resultado de esta labor de inspección, el Consejo ha iniciado procedimientos oficiales contra servidores judiciales implicados, sustentados en denuncias y evidencias evaluadas por el órgano interno de control, garantizando que no todas las acusaciones conduzcan de inmediato a sanciones sin una valoración justa.
Martínez reconoció la presencia de prácticas abusivas dentro y fuera de los juzgados, identificando redes entre servidores judiciales y abogados litigantes que buscan manipular la resolución de casos a cambio de beneficios económicos. Un caso particular involve la detección de solicitudes de dinero en el Centro de Convivencia Familiar para influenciar dictámenes relacionados con la convivencia entre menores y sus padres, lo que demuestra la gravedad de estas conductas ilícitas.
Además, en distritos como Huauchinango, Tecamachalco, Tepeaca y Tehuacán se llevaron a cabo ajustes en el personal luego de detectarse posibles vínculos de algunos funcionarios con grupos delictivos. Estos hallazgos motivaron cambios de adscripción y la separación definitiva del cargo de ciertos servidores judiciales, fortaleciendo la integridad institucional y la confianza ciudadana.
Respecto a los mecanismos para denunciar irregularidades, el presidente del Consejo explicó que existe un módulo de atención ciudadana itinerante que visita distintas regiones de Puebla para recibir quejas, sugerencias y comentarios del público. Para poder iniciar investigaciones formales, las denuncias deben ser presentadas por escrito con las pruebas correspondientes ante la Oficialía de Partes del Consejo, asegurando así un proceso transparente y riguroso.
Finalmente, Martínez anunció la organización de un congreso internacional sobre actualización probatoria programado para diciembre, donde participarán especialistas nacionales y extranjeros. Esta iniciativa forma parte del esfuerzo por capacitar al personal judicial frente a la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que demandará la ampliación de salas de oralidad en el estado, buscando una justicia más ágil, transparente y eficaz.
