Una jueza federal ordenó la liberación inmediata de Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico, respectivamente. Esta decisión judicial surge tras el sobreseimiento de la causa penal que se inició en su contra por la muerte de 14 personas en un accidente ferroviario.
Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, determinó la libertad luego de aprobar la reparación integral del daño para las víctimas afectadas por el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca. Como resultado, los dos trabajadores salieron del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como «El Amate».
Víctimas reciben reparación integral del daño
El pasado 8 de abril, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que las personas afectadas optaron por resolver el conflicto mediante la justicia alternativa, firmando un acuerdo reparatorio con la empresa responsable del Tren Interoceánico. Esta alternativa ha permitido cerrar el caso y avanzar hacia la reparación justa de los daños ocasionados.
«Hasta la fecha, 145 personas, incluyendo 114 adultos y 31 menores de edad, han recibido de manera inmediata la reparación integral del daño, lo cual ha propiciado la consecuente extinción de la acción penal contra los involucrados» declaró la fiscal.
Godoy Ramos destacó que estos acuerdos, contemplados en la Constitución y la ley, ofrecen una vía más eficaz y menos desgastante para las víctimas, al permitirles obtener una reparación adecuada que compensa el impacto sufrido sin prolongar el proceso judicial.
¿De qué se les acusaba?
El conductor y el jefe de despachadores fueron vinculados a proceso judicial el 29 de enero del presente año, enfrentando cargos por homicidio y lesiones culposas. Estos cargos se derivaron del descarrilamiento causado, supuestamente, por el exceso de velocidad con que se conducía la locomotora en el momento del accidente.
Sin irregularidades en los elementos de la vía
La titular de la FGR también señaló que, conforme a informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), junto con otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no se detectaron irregularidades penales en los 41 contratos públicos relacionados con la infraestructura ferroviaria, la adquisición de material móvil ni el mantenimiento del tren.
Además, las diligencias ministeriales y periciales en ingeniería, arquitectura, topografía y seguridad industrial confirmaron que la calidad de los elementos de la vía en el lugar del accidente y las condiciones de las locomotoras y vagones cumplían con las normas aplicables, descartando fallas técnicas o negligencia en estos aspectos.
Este contexto técnico y jurídico ha sido fundamental para resolver el caso y garantizar que la justicia y reparación se otorguen tanto a las víctimas como a los responsables involucrados en el incidente del Tren Interoceánico.
En el marco de estas acciones, se destaca la importancia de la supervisión y certificación necesarias para la reanudación de las operaciones del Tren Interoceánico, que se encuentra actualmente en espera de la aprobación formal para operar nuevamente, asegurando la seguridad y confiabilidad del servicio.
Este caso representa un ejemplo clave de cómo la justicia y la reparación pueden ir de la mano para resolver tragedias ferroviarias, equilibrando la responsabilidad penal con la protección y atención adecuada a las víctimas y sus familias.
