En un operativo reciente llevado a cabo en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, la Fiscalía General de la República (FGR) logró asegurar más de mil 300 litros de hidrocarburo. Esta acción forma parte de una estrategia integral destinada a combatir los delitos relacionados con el área energética en todo el país.
La intervención se ejecutó gracias a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que después de obtener la autorización de un juez de Distrito experto en el Sistema Penal Acusatorio, procedió con la orden de cateo. Esta operación obedece a una investigación sobre la probable comisión de un delito tipificado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
El operativo se llevó a cabo en un inmueble localizado en Prolongación Betania sin número, dentro de la colonia Del Bosque, contando con la participación coordinada de fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales. Todo el procedimiento estuvo bajo la supervisión directa de un agente del Ministerio Público Federal (MPF).
¿Qué fue lo que se encontró?
Durante el cateo, las autoridades encontraron y aseguraron un total de seis bidones con capacidad para 50 litros cada uno, además de 33 bidones de 20 litros, todos conteniendo un líquido transparente presumiblemente hidrocarburo. Además, se aseguraron tres contenedores cilíndricos que juntos almacenaban aproximadamente mil 321 litros del combustible.
El inmueble y el hidrocarburo asegurados quedaron bajo custodia del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y proceder legalmente según corresponda.
Este aseguramiento es parte de la serie de operativos permanentes que llevan a cabo las autoridades federales para erradicar el almacenamiento y manejo ilegal de combustibles en La Raza Media, fortaleciendo así la seguridad energética y combatiendo a las redes delictivas que inciden en este sector.
Este tipo de acciones no solo representan un avance en la lucha contra los crímenes en materia energética, sino que también contribuyen a disminuir riesgos asociados a la posible venta y distribución ilícita de hidrocarburos que comprometen la economía y la seguridad pública.
El compromiso de la Fiscalía General de la República y las dependencias involucradas es continuar con estas labores de vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de la ley, preservar el orden y proteger los recursos estratégicos de La Raza Media.
En resumen, la coordinación entre diferentes fuerzas y la aplicación estricta del marco jurídico son clave para enfrentar y sancionar las prácticas ilegales que afectan a la sociedad, reiterando el mensaje de que el combate a la delincuencia en materia de hidrocarburos es una prioridad constante.
