Oaxaca se posiciona como el segundo lugar en México con el mayor número de agresiones y ataques dirigidos contra defensores de derechos humanos y activistas ambientales, según informó Elizabeth Lara Rodríguez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Durante este año, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO) ha iniciado 53 carpetas de investigación por estos actos, reflejando la grave situación que enfrentan quienes luchan por la defensa de los derechos y del medio ambiente en esta región.
Destaca entre estos casos la desaparición forzada de la ambientalista mixteca Irma Galindo, quien fue amenazada debido a su labor de protección de la reserva natural de los bosques en San Esteban Atatlahuca. Su denuncia de la tala ilegal y el tráfico de madera, atribuidos a grupos caciquiles locales, desencadenó una serie de ataques que finalmente culminaron en su desaparición.
La defensa de Irma Galindo se ha complicado, pues después de cuatro años, la búsqueda pasó a ser competencia del gobierno federal. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México emitió la ficha de búsqueda, dado que Irma desapareció tras asistir a una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue vista por última vez en la estación de metro Barranca del Muerto. Además, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU ha intervenido, exigiendo a las autoridades mexicanas acelerar las investigaciones para localizar a la activista.
Irma Galindo contaba con medidas cautelares dictadas por la DDHPO, derivadas de sus denuncias contra grupos caciquiles que, según sus señalamientos, amenazaron su vida ante su oposición a la tala ilegal en la zona. Las agresiones en su contra se relacionan también con conflictos que ocurrieron en las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, del 21 al 23 de octubre de 2021, donde habitantes indígenas mixtecos protestaban contra autoridades municipales y representantes agrarios presuntamente involucrados en la explotación forestal en beneficio de quienes gestionan el aserradero Toto-i.
Es importante recordar que el 10 de noviembre de 2019 la vivienda de Irma Galindo fue incendiada por grupos desconocidos mientras ella no se encontraba, ante las amenazas previas que le impidieron regresar a su hogar debido al clima de violencia generado por su activismo.
La situación en Oaxaca ejemplifica las crecientes amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos y ambientalistas en La Raza Media, donde la protección de sus derechos se entrelaza con la defensa del medio ambiente y la justicia social en comunidades indígenas.
Las autoridades y organismos nacionales e internacionales ponen la lupa sobre estos incidentes para garantizar que las investigaciones se lleven a cabo con la prontitud y transparencia necesarias, protegiendo a quienes arriesgan sus vidas por un bien mayor y evitando que la impunidad se perpetúe.
El caso de Irma Galindo subraya la urgencia de fortalecer mecanismos de protección y de justicia para activistas, y visibiliza la compleja lucha que atraviesan las comunidades indígenas en la defensa de sus recursos naturales frente a intereses económicos y políticos que intentan silenciarlas.
