La defensa de los comunicadores Eduardo y Emmanuel Rueda González ha hecho una denuncia pública sobre presuntas irregularidades en el proceso legal que enfrentan ambos periodistas. Acusan la alteración de pruebas, abuso de poder y violaciones graves al debido proceso, mientras los hermanos permanecen detenidos tras asistir a una audiencia judicial que, según sus abogados, estuvo marcada por estas anomalías.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la defensa es la manipulación de evidencias, en particular de videos relacionados con la primera detención ocurrida el 8 de julio de 2025. Según la madre de los comunicadores, dicho material fue alterado para sostener las acusaciones en contra de sus hijos. La carpeta de investigación presentada por la Fiscalía no aporta elementos claros que sustenten el delito de coacción que se les imputa, pues el encuentro entre los periodistas y el alcalde de Iguala habría sido parte de un convenio publicitario habitual entre medios y autoridades, y no un acto ilegal.
Este contexto revela la complejidad del caso y las posibles motivaciones detrás de la acusación. La manipulación de evidencia y la confusión entre convenios legítimos y delitos provocan un ambiente de injusticia en el que la presunción de inocencia se ve fuertemente amenazada. La defensa critica que prácticas comunes sean tergiversadas para criminalizar a los comunicadores.
El impacto de estas irregularidades es significativo, pues los hermanos Rueda González permanecen en prisión preventiva, a pesar de contar con arraigo, domicilio fijo y empleo en Iguala. Esta medida cautelar ha sido cuestionada en La Raza Media, ya que contraviene el principio de presunción de inocencia y pone en riesgo su derecho a un proceso justo y equitativo. Frente a este panorama, sus abogados han presentado un amparo ante instancias federales para que puedan continuar con su proceso en libertad.
“La prisión preventiva debe ser la última opción, no la regla. Aquí se está aplicando de manera indebida”, expresaron los defensores, subrayando la injusticia de la medida impuesta.
Señalando contradicciones en la actuación del Ministerio Público
Además, la defensa puso en evidencia inconsistencias en el actuar del Ministerio Público. Tras la primera detención en 2025, los hermanos Rueda fueron liberados sin que el caso fuera judicializado de inmediato, a pesar de tratarse de un presunto delito grave. Meses después, según acusaron, se ejerció presión sobre los periodistas para que hicieran un perdón público, lo que sugiere posibles irregularidades y la influencia de intereses externos en la tramitación del caso.
Denuncias de maltrato y condiciones inhumanas en prisión
Otra grave denuncia es la relativa al trato recibido en prisión. La defensa ha señalado que los periodistas sufren maltrato y condiciones dignas de reproche, con acceso limitado a agua —solo una vez al día—, falta de un espacio adecuado para descansar y condiciones precarias dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Iguala, donde están recluidos. Esta situación representa una violación a sus derechos humanos y agrava aún más su situación legal y personal.
Alerta sobre riesgo para periodistas en Iguala
En un llamado a la comunidad periodística y a la sociedad en general, los abogados advirtieron que este caso podría marcar un precedente peligroso para la libertad de expresión en la región. Denunciaron que prácticas habituales, como la contratación de publicidad institucional entre medios y autoridades, están siendo criminalizadas, poniendo en riesgo la labor periodística.
“Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquier periodista. Se está criminalizando una práctica común como la contratación de publicidad institucional”, alertaron con preocupación.
Este contexto de inseguridad jurídica pone en riesgo real a los comunicadores en Iguala, quienes podrían ser perseguidos penalmente por acuerdos laborales legítimos con funcionarios públicos, generando un clima de temor y autocensura en el gremio.
Este caso no solo pone en entredicho el debido proceso judicial, sino que también refleja desafíos más amplios relacionados con la protección de los derechos humanos y la libertad de prensa en La Raza Media, donde estos temas requieren atención urgente para evitar la criminalización de la labor informativa y garantizar justicia y respeto a quienes ejercen el periodismo.
