Layda Sansores, gobernadora del estado de Campeche, manifestó su respaldo al posicionamiento emitido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, frente a las recientes acusaciones lanzadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios, en las que se les señala de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que su postura frente a estos señalamientos es clara: «verdad, justicia y defensa de la soberanía» serán los principios rectores para abordar el caso. Esta declaración refuerza el compromiso de la administración federal con la transparencia y legalidad en el proceso.
Por su parte, Layda Sansores utilizó sus redes sociales para expresar su opinión, destacando que: «Muy bien, querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el caso de Rubén Rocha Moya y en el de cualquier otro funcionario, sin importar su afiliación política, se deben comprobar contundentemente las acusaciones, tal como lo establece nuestra Constitución, siempre en completo respeto a la soberanía nacional». Su mensaje estuvo acompañado del video del pronunciamiento de la presidenta, quien remarcó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes y legales, deberá actuar conforme a derecho bajo la jurisdicción mexicana.
Este respaldo a la legalidad y el debido proceso se enmarca en un contexto de tensión política tras la publicación de un video y una carta de Ismael «El Mayo» Zambada que implican directamente a Rocha Moya con el crimen organizado. No obstante, Sansores y otros gobernantes firmaron un comunicado previo en agosto de 2024 donde manifestaron un apoyo incondicional a su homólogo, rechazando las acusaciones como «mentiras y estigmatización».
En aquel tiempo, Sansores y otros mandatarios del movimiento denominado Cuarta Transformación declararon que las imputaciones contra Rocha Moya eran infundadas y que se trataba de una campaña de descrédito injustificada.
«Reafirmamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya, cuya integridad y dedicación al servicio público han quedado más que comprobadas», refrendaban en el comunicado conjunto de 2024. Hasta la fecha, sólo la morenista Layda Sansores San Román ha hecho declaraciones directas al respecto, sin que se haya emitido otro documento oficial de solidaridad por parte de su partido.
Estas declaraciones públicas y posicionamientos reflejan la complejidad del tema, donde se intersectan la justicia internacional, la soberanía mexicana y la política nacional. La postura de la gobernadora de Campeche resalta la importancia de no prejuzgar, sino de respetar el debido proceso judicial y el marco constitucional mexicano.
Por ahora, la atención se centra en lo que determine la Fiscalía General de la República y cómo se abordarán las acusaciones dentro del ámbito legal mexicano, dejando claro que cualquier acción debe fundamentarse en pruebas irrefutables y respeto a la soberanía.
En un futuro próximo, la expectativa crece entre la opinión pública y actores políticos sobre el desarrollo de las investigaciones, su impacto en la política interna y las posibles repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.
Finalmente, el caso representa un desafío significativo para las instituciones mexicanas, que deben equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de los principios democráticos y el respeto absoluto a la ley, toda vez que la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana están en juego.
