Desde septiembre, la administración municipal de Gómez Palacio ha recibido más de 240 denuncias contra funcionarios públicos, de las cuales aproximadamente un 30% están relacionadas con casos de extorsión. Esta cifra refleja una problemática significativa que afecta la confianza ciudadana en la gestión local y que requiere atención urgente para restaurar el buen funcionamiento y la integridad de los servicios públicos.
El Contralor Municipal, José Ramón Aldava Lares, explicó que además de las denuncias por extorsión, un número importante se debe a otras faltas como abuso de autoridad, falta de respeto hacia los usuarios y el incumplimiento en la atención de solicitudes o quejas relacionadas con la prestación de servicios municipales. Estos hechos evidencian diversos retos en la relación entre servidores públicos y ciudadanos que deben ser afrontados con medidas específicas y efectivas.
El contexto en Gómez Palacio incluye la operación constante de la policía municipal y la reciente actualización de su parque vehicular, destacando la importancia de que los servidores públicos mantengan una conducta respetuosa y responsable. Aldava subrayó que uno de los problemas recurrentes es el mal trato de los funcionarios hacia la ciudadanía, lo cual es inaceptable: «Los servidores públicos debemos atender con respeto, como nos gustaría que nos atendieran a nosotros; estamos obligados a brindar un trato digno y cortés a la población». Esta declaración pone en evidencia una postura firme para mejorar la calidad del servicio público en la ciudad.
Asimismo, el funcionario indicó que del total de denuncias presentadas en esta administración encabezada por Betzabé Martínez Arango, el 45% corresponden a elementos de la policía, principalmente del área de Tránsito y Vialidad, seguidos por personal de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Estos datos revelan que la percepción negativa hacia ciertas dependencias es un motivo recurrente entre los ciudadanos.
«En ocasiones, la ciudadanía no sabe dónde realizar solicitudes específicas y opta por acercarse a la Unidad Especializada Anticorrupción, donde nosotros apoyamos en la gestión y seguimiento de cualquier tema presentado; canalizamos las denuncias a las dependencias correspondientes y solicitamos información sobre la atención brindada a estos casos; muchas denuncias llegan de esta forma», explicó el Contralor.
Actualmente, 30 denuncias están bajo proceso de investigación, y los resultados determinarán si se aplican sanciones administrativas o se procede a la baja definitiva del personal involucrado, siempre considerando la gravedad de las faltas. Además, hay un caso activo de suspensión de funciones que aún no ha concluido su trámite. La administración reafirma su compromiso con la transparencia y la responsabilidad para garantizar que las acciones correctivas sean oportunas y justas.
Aldava también aclaró que algunas bajas en las áreas de Tránsito y Vialidad han ocurrido, pero en su mayoría han sido voluntarias o derivadas de circunstancias distintas a denuncias formales. Esto evidencia que las medidas disciplinarias están siendo aplicadas con rigor, pero también que existen otras razones por las que el personal decide retirarse de sus cargos.
Para quienes deseen presentar una denuncia contra algún funcionario público —ya sea por actos de corrupción, maltrato, falta de atención a sus solicitudes u otras irregularidades— está disponible el teléfono 8711777711, vía en la que se puede denunciar incluso de manera anónima. Este canal representa una herramienta crucial para que la ciudadanía pueda contribuir al mejoramiento del servicio público y la transparencia en la gestión municipal.
