Las comunidades pesqueras de Tabasco y Veracruz siguen sufriendo las graves consecuencias del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, enfrentando no solo la falta de pesca y la pérdida de ingresos, sino también la ausencia de apoyos efectivos por parte de las autoridades estatales y federales, denunció la organización Oceana, dedicada a la protección y conservación de los océanos.

En un comunicado, Oceana subrayó que, a casi tres meses desde el derrame que Pemex reconoció el 16 de abril, las compensaciones prometidas no han llegado a todas las comunidades afectadas. Este retraso mantiene en la incertidumbre a muchas familias cuya fuente de vida depende directamente del mar y quienes hasta ahora no han recibido la ayuda necesaria para recuperarse.

Impacto directo en comunidades vulnerables y falta de respuesta coordinada

Representantes de Oceana visitaron recientemente la localidad Las Barrancas en Veracruz, donde constataron que varias comunidades pesqueras continúan sin ser incluidas en los programas oficiales de reparación de daños. La falta de coordinación efectiva entre las distintas instituciones gubernamentales ha impedido que la respuesta sea adecuada y oportuna para quienes más lo necesitan.

En particular, en Las Barrancas las redes de pesca han permanecido fuera del agua durante semanas, lo que afecta directamente la economía local. Habitantes relataron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones y concluyó, erróneamente, que no existían daños por no encontrar manchas de chapopote en las playas. Sin embargo, esta evaluación omitió reconocer el impacto que la paralización de la pesca tuvo durante un periodo crucial como la Semana Santa, cuando la demanda es tradicionalmente alta.

“Nos han dejado en el abandono total porque no recibimos atención ni apoyos. Los barcos de Pemex atraviesan por nuestras zonas de pesca, ponen en riesgo nuestras vidas y dañan nuestras redes constantemente”, expresó con preocupación un pescador de El Bosque, Tabasco, comunidad también gravemente afectada.

El caso de El Bosque, primera comunidad reconocida en México como desplazada por el cambio climático, refleja una crisis profunda en las zonas ribereñas. Desde el derrame, los pescadores reportan que no encuentran compradores para su captura diaria, lo que agrava la precariedad económica. La mayoría no están inscritos en el padrón gubernamental, requisito indispensable para acceder a las ayudas, lo que ha resultado en la exclusión de gran parte de la comunidad de cualquier mecanismo de reparación.

Una problemática estructural y ambiental

Para Oceana, esta situación evidencia una problemática estructural en el sistema de apoyos gubernamentales. Nancy Gocher, directora de Política Pública e Incidencia de Oceana, señaló que “el derrame no solo contaminó el mar, sino que puso en evidencia un sistema que excluye a quienes dependen del océano para vivir. Hoy, las reglas de apoyo están diseñadas para identificar manchas en la playa, pero ignoran la verdadera pérdida de ingresos y el impacto cotidiano que sufren estas comunidades”.

Las Barrancas y El Bosque son ejemplos claros de las múltiples amenazas que enfrentan las zonas costeras del Golfo de México. Además del derrame, estas comunidades lidian con la erosión costera y el incremento del nivel del mar, efectos directos de la crisis climática vinculada a la quema de combustibles fósiles. Una habitante de Las Barrancas describe esta realidad con dolor: “Duermo con el mar en la nuca”.

Oceana destacó que en El Bosque se observa cómo el modelo económico basado en hidrocarburos afecta radicalmente la vida. Antes, la pesca era abundante a 10 millas mar adentro; hoy, se debe navegar hasta 110 millas para encontrar cardúmenes. La infraestructura petrolera, incluyendo plataformas y barcos de Pemex, no solo desplaza a los peces sino que además destruye las redes de los pescadores en su paso.

Demandas y propuestas para un futuro sostenible

Frente a este panorama, Oceana exigió al gobierno federal que las compensaciones se otorguen a quienes verdaderamente las necesitan y se diseñen mecanismos de reparación integrales que involucren directamente a las comunidades afectadas, respetando su conocimiento y necesidades específicas.

“Este derrame debe ser un punto de inflexión para detener la expansión de los hidrocarburos y abandonar los proyectos de explotación en aguas profundas, donde los riesgos y daños serían mucho mayores. Es el momento de transitar hacia un modelo de desarrollo que ponga en el centro a la pesca, las comunidades y los ecosistemas, y no los costos ambientales”, concluyó Nancy Gocher.

Además, ONG’S han pedido sancionar a Pemex por los daños causados y han reforzado la vigilancia en el Golfo de México para evitar que incidentes similares vuelvan a suceder, subrayando la necesidad de mayor responsabilidad ambiental corporativa y gubernamental.

Este derrame y sus consecuencias resaltan la urgente necesidad de reconsiderar el modelo energético y económico vigente para garantizar la sostenibilidad ambiental y social de las comunidades costeras del Golfo de México y proteger sus medios de vida ante los retos del cambio climático y la explotación petrolera.