La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha recibido una iniciativa de ley destinada a asegurar la conectividad de las comunidades ubicadas en zonas afectadas por desastres naturales. Esta propuesta busca establecer infraestructura pública de emergencia y crear nuevas obligaciones para las empresas de telecomunicaciones con el fin de evitar que las poblaciones queden incomunicadas tras eventos como huracanes y sismos, que suelen interrumpir las comunicaciones esenciales en momentos críticos.
En promedio, México enfrenta más de 30 desastres naturales declarados cada año, situación que agrava la necesidad de contar con sistemas de comunicación robustos y efectivos ante estas contingencias. La caída de las telecomunicaciones durante estos eventos no solo complica la gestión de la emergencia, sino que también prolonga la desconexión de las comunidades, aumentando el riesgo y la vulnerabilidad.
Este problema ha sido evidente en desastres recientes como los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, Patricia en 2015, Otis en 2023, John en 2024 y Erick en 2025, además del sismo del 19 de septiembre de 2017 y las inundaciones en Tabasco en 2020. Estos eventos han dejado en claro que la falta de comunicación adecuada empeora la situación de emergencia y dificulta las labores de auxilio.
Un ejemplo paradigmático fue la experiencia vivida en Acapulco durante el paso del huracán Otis en octubre de 2023, cuando numerosas familias quedaron incomunicadas y los equipos de auxilio tuvieron que operar sin una coordinación digital adecuada. Esta situación expuso la urgente necesidad de implementar medidas que eviten la repetición de tales escenarios.
Proponen reforma para evitar incomunicación
El diputado federal Irugami Perea expresó que esta iniciativa busca que ningún municipio del país vuelva a quedar desconectado tras un desastre natural, en alineación con la agenda de fortalecimiento institucional promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. «Nuestra intención es convertir la conectividad digital en emergencias de una promesa a un derecho garantizado para todas las comunidades», afirmó.
La propuesta fue presentada el 15 de abril y cuenta con el respaldo de legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, como Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y Javier Taja Ramírez, así como Gerardo Olivares Mejía del Partido del Trabajo. Busca reformar y adicionar artículos en la Ley General de Protección Civil y en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, integrando por primera vez normativas que regulen la comunicación en emergencias de manera coordinada.
Entre las medidas planteadas destaca la creación de Puntos Públicos de Conectividad de Emergencia en plazas, parques y espacios comunitarios estratégicos de los municipios a nivel nacional. Estos puntos estarán equipados con WiFi satelital y energía autónoma para que, en los días posteriores a un desastre natural, cuando las redes de telecomunicaciones fallen, cualquier persona pueda acceder a ellos para comunicar su situación o solicitar ayuda.
Asimismo, se propone una nueva obligación para las empresas de telecomunicaciones, quienes deberán garantizar la continuidad del servicio aún cuando su infraestructura resulte afectada por fenómenos naturales como huracanes o sismos. Esta medida busca evitar que la caída del servicio agrave la emergencia, asegurando la permanencia de las comunicaciones esenciales para la población.
El plan comprende un calendario de implementación que incluye un periodo de 180 días naturales para que el Ejecutivo Federal emita los lineamientos necesarios y hasta doce meses para que las concesionarias instalen los mecanismos previstos. La prioridad será para los municipios con mayor exposición a riesgos, entre ellos Acapulco, que ha vivido experiencias devastadoras en este ámbito.
Con esta iniciativa, la experiencia que dejó el huracán Otis se transforma en una oportunidad para legislar a nivel federal en materia de conectividad en emergencias. La ley propuesta abre un camino para que México avance en la protección de los derechos digitales en situaciones críticas, asegurando que ningún municipio vuelva a sufrir el aislamiento comunicativo que dificulta la atención durante desastres naturales.
