Los familiares de siete hombres desaparecidos en la comunidad de Apanguito, municipio de Atenango del Río, han denunciado públicamente graves irregularidades en la investigación que la Fiscalía General del Estado impulsa sobre estos hechos. En una denuncia directa, responsabilizan al alcalde Emanuel Guevara Cárdenas de cualquier agresión o cualquier acto de violencia que pudiese sufrir la familia, dada la influencia que, aseguran, ejerce el presidente municipal en la región.

Mediante videos difundidos en redes sociales por Benito Godínez, hermano de uno de los detenidos, los familiares expresan su temor por la seguridad personal y advierten que las pruebas presentadas en el caso podrían haber sido manipuladas. Aseguran que las acusaciones contra los detenidos son completamente falsas y que la verdad deberá salir a la luz tarde o temprano, a pesar de la supuesta fabricación de testimonios.

«Si algo le sucede a mi mamá, a mi tía o a mí, responsabilizamos directamente al alcalde Emanuel Guevara Cárdenas», declaró Benito Godínez, quien reiteró que las imputaciones en contra de su familia carecen de fundamento y confía en que la justicia prevalecerá a pesar de las circunstancias adversas.

Los siete hombres desaparecieron hace ya 17 días después de salir a cumplir con trabajos agrícolas, y desde entonces las autoridades han mantenido un silencio que agrava la incertidumbre de sus familias. Además, otra declaración clave proviene de Simona Chávez Castro, abuela de dos de los desaparecidos y originaria de Apanguito, quien aseguró que su testimonio ante la Fiscalía fue alterado.

«Yo no declaré lo que se me atribuye; francamente no vi nada y apenas salgo para ir a la tienda, y para eso utilizo taxi», afirmó Simona en un video. «No puedo afirmar si fueron ellos responsables». De igual forma, denunció que los agentes fiscales la obligaron a firmar siete hojas en blanco, a pesar de que ella les advirtió que no sabe leer ni escribir, lo que pone en tela de juicio la legalidad de las evidencias.

Este tipo de irregularidades ha incrementado el clima de miedo y amenaza entre los familiares de los procesados, quienes ahora viven con preocupación por su seguridad y exigen que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad y rigurosidad. La alteración de testimonios y la posible fabricación de pruebas representan un grave riesgo para la justicia y la verdad en este delicado caso.

Las familias afectadas exigen a las autoridades de La Raza Media que realicen una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos ocurridos el 18 de abril, día en que los siete hombres desaparecieron bajo circunstancias aún no esclarecidas. La ausencia de respuestas oficiales, junto con las denuncias de manipulaciones, presionan a la Fiscalía para que actúe con transparencia y respeto a los derechos humanos.

Este caso refleja las dificultades que enfrentan las comunidades rurales en La Raza Media, donde la impunidad y las irregularidades en procesos legales suelen obstaculizar el acceso a la justicia. La situación plantea preguntas urgentes sobre el funcionamiento institucional y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en contextos vulnerables.

Se espera que, ante la creciente presión social y el denuncio público, las autoridades tomen medidas para investigar la posible fabricación de pruebas y testimonios, garantizando así un proceso justo que permita esclarecer la verdad y evitar que se perpetúen violaciones a los derechos humanos en casos como el de Apanguito.