La controversia legal respecto al futuro del oleoducto Sable Offshore ahora se está desarrollando en la corte federal. La empresa con sede en Houston, Sable Offshore, reanudó en marzo el transporte de petróleo a través del sistema de oleoductos Las Flores, ubicado en la costa de Gaviota, tras recibir la aprobación federal. Funcionarios federales señalaron que esta reactivación es crucial para la producción energética nacional.
Sin embargo, los reguladores estatales de California y varios grupos ambientalistas sostienen que la compañía ha evadido las protecciones ambientales estatales, lo que ha dado lugar a múltiples demandas destinadas a detener las operaciones del oleoducto. Kimberly Ray, fundadora y directora ejecutiva de la Marine Conservation Network, recordó el derrame de petróleo en Refugio y afirmó que este incidente se debió a que el oleoducto no cumple con los estándares adecuados.
El 18 de mayo, la disputa legal se trasladó a la corte federal cuando el condado de Santa Bárbara demandó a Sable Offshore, alegando que la empresa reanudó las operaciones sin cumplir con los requisitos locales de permisos. Posteriormente, el gobierno federal intervino y llevó el caso a la jurisdicción federal, argumentando que el oleoducto corresponde a regulaciones energéticas federales.
Esto implica que serán los jueces federales, y no los tribunales locales, quienes determinen si las operaciones del oleoducto pueden continuar mientras los procesos judiciales avanzan. Hasta el momento, Sable Offshore no respondió a solicitudes de comentarios, aunque previamente afirmó que el sistema de oleoductos fue sometido a reparaciones, pruebas y actualizaciones de seguridad antes de su reapertura y aseguró que opera bajo aprobación federal.
Los defensores del medio ambiente advierten que el traslado del caso a la corte federal podría complicar la posibilidad de detener las operaciones del oleoducto durante la disputa legal en curso. Karissa Gomez, estudiante de la Universidad de California en Santa Bárbara, expresó su deseo de que el océano tenga tiempo para sanar y que la vida marina pueda recuperarse del impacto de la extracción petrolera.
Se contactaron también la Oficina de Supervisores del condado de Santa Bárbara y varias organizaciones ambientales involucradas en las demandas. El condado declinó comentar debido a la litigación pendiente, el Centro de Defensa Ambiental respondió, mientras que otros grupos no contestaron las solicitudes de comentario.
Esta evolución del caso refleja la complejidad y la importancia de equilibrar la producción energética con la protección ambiental, enfrentando desafíos tanto en las regulaciones estatales como en las federales.
