El Programa de Desvío por Salud Mental, creado en 2018, permite que algunas personas acusadas de delitos sean liberadas para recibir tratamiento, siempre y cuando puedan demostrar que tienen una condición de salud mental que pudo haber influido en la comisión del delito. A partir del 1 de enero, una nueva ley otorga a los jueces mayor autoridad para decidir quiénes pueden beneficiarse de este desvío.
La legislación busca preservar este programa, pero con una guía clara para que los jueces puedan negar la solicitud de desvío si consideran que existe una amenaza para la seguridad pública. Stephanie Nguyen, miembro de la Asamblea y autora del proyecto, afirmó que esta medida busca equilibrar la ayuda a personas con enfermedades mentales con la protección de la comunidad.
El fiscal del distrito del condado de San Luis Obispo, Dan Dow, expresó su agradecimiento por la aprobación de la ley y destacó que el gobernador Newsom también reconoció su importancia al firmarla. Dow señaló que en otras regiones del estado el programa de desvío ha tenido casos en los que delincuentes violentos reincidieron, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad.
Además, Dow comentó que desafortunadamente muchos individuos con problemas mentales graves y antecedentes de violencia han sido liberados en California mediante este programa, para luego reincidir en delitos graves como asesinatos y ataques con armas blancas, lo que ha motivado la revisión y endurecimiento de los criterios.
Sin embargo, el abogado defensor local Scott Taylor expresó una postura contraria. Taylor calificó la nueva ley como un «gran triunfo para la encarcelación masiva» y sostuvo que el proceso actual para obtener un desvío por salud mental ya es riguroso y detallado, incluyendo la necesidad de obtener financiamiento para un psicólogo forense, realizar un informe y enviarlo a la oficina del fiscal para su aprobación o rechazo.
Taylor también apuntó que la nueva exigencia de demostrar el diagnóstico o tratamiento durante los últimos cinco años podría representar un obstáculo adicional para quienes buscan esta opción. Considera que negarles incluso la oportunidad de intentarlo es, en su opinión, una medida injusta.
En resumen, la nueva ley introduce cambios significativos en cómo se concede el desvío por salud mental, otorgando mayor discrecionalidad a los jueces y poniendo énfasis en la seguridad pública, mientras que existen voces preocupadas por el impacto que estas modificaciones puedan tener en el acceso a tratamientos para personas con enfermedades mentales implicadas en delitos.
