En los últimos cuatro años, el estado de Chihuahua ha vivido un notable incremento en la incautación de drones y artefactos relacionados, evidenciando el uso de estas tecnologías por parte de la delincuencia organizada para diversas actividades ilícitas. En total, se han asegurado nueve drones, 25 accesorios para drones, siete granadas y más de mil 518 explosivos caseros que ponían en riesgo la seguridad regional.
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua (SSPE), Jorge Armendáriz, detalló que estos dispositivos no solo servían para tareas de vigilancia por parte de los grupos criminales, sino que también tenían un papel clave en la orientación y guía de personas migrantes, facilitando su paso en zonas de alto riesgo. Este hallazgo revela un uso sofisticado de tecnología para apoyar actividades relacionadas con el tráfico y control de flujos migratorios.
Los decomisos se han llevado a cabo en diversas localidades estratégicas del territorio chihuahuense. Por ejemplo, en septiembre de 2024, en el municipio de Juárez, colindante con El Paso, Texas, se aseguró un dron acompañado de seis accesorios. En mayo de 2023, en Nuevo Casas Grandes, se confiscaron otros dos drones sin datos claros de identificación. Además, enero de 2025 fue un mes con fuertes incautaciones, incluyendo dos drones con dos accesorios en Arechuyvo, Uruachi, y otro equipo similar en Baborigame, municipio Guadalupe y Calvo.
En abril de 2025, en la comunidad de La Norteña, Madera, se recuperaron cuatro baterías para drones, y en octubre y diciembre se efectuaron nuevos decomisos en Pilar de Moris, Moris y en El Pueblito, municipio de Aldama, respectivamente. El último registro de este tipo ocurrió en el municipio de Guachochi, donde se incautaron un dron y nueve accesorios el pasado sábado.
El uso letal de drones por cárteles mexicanos
Más allá del caso particular de Chihuahua, los grandes cárteles mexicanos han elevado su capacidad bélica mediante el uso de drones con explosivos, marcando un salto tecnológico significativo en sus métodos operativos. Según un artículo publicado por EFE el 3 de febrero, estas organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, catalogados como terroristas por Washington el año anterior, emplean cada vez con mayor frecuencia drones para atacar objetivos militares y civiles.
Este fenómeno ocurre en un contexto de presión intensificada por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y en medio de amenazas reiteradas por parte del expresidente Donald Trump sobre posibles intervenciones en territorio mexicano para combatir a estos grupos. Así, la incorporación de drones explosivos representa un nuevo y peligroso eslabón en la violencia generada por las organizaciones criminales.
David Saucedo, analista de seguridad y experto en crimen organizado, explicó que inicialmente los drones se utilizaban como herramientas de vigilancia, pero con el tiempo se han adaptado para portar bombas de contacto y mecanismos programables de detonación, gracias al conocimiento técnico aportado por ingenieros contratados por los cárteles. Esta evolución ha transformado estos dispositivos en armas altamente efectivas y de bajo costo.
Estas bombas voladoras permiten atacar con rapidez y desde distancias considerables sin arriesgar a los operadores, lo que potencia su uso en enfrentamientos contra instalaciones gubernamentales, objetivos civiles y en las luchas internas entre bandas rivales, agravando el panorama de inseguridad.
En Tamaulipas, por ejemplo, se logró eliminar recientemente otras 10 videocámaras utilizadas por delincuentes para monitorear movimientos, lo que refleja la constante batalla por el control tecnológico en manos de grupos criminales en distintas regiones de México.
Las autoridades continúan reforzando sus operativos para rastrear y decomisar estos dispositivos, conscientes de que su proliferación representa un riesgo elevado para la seguridad pública y la estabilidad regional. Estas acciones evidencian la necesidad de mejorar las capacidades tecnológicas y de inteligencia para enfrentar los desafíos actuales en la lucha contra la delincuencia organizada.
El futuro de la seguridad en La Raza Media dependerá en gran medida de la capacidad institucional para limitar el uso de tecnología aplicada con fines criminales y de la cooperación internacional para frenar el avance de estas redes criminales que ahora cuentan con armamento cada vez más sofisticado y letal.
En definitiva, el caso de Chihuahua y el aumento de ataques con drones en todo México muestran un escenario donde la tecnología, en manos equivocadas, puede significar un peligro considerable para la sociedad, exigiendo respuestas contundentes y coordinadas para restaurar la paz y la seguridad en la región.
