En un hecho que ha generado consternación y controversia en Chihuahua, se informó hoy la liberación de José Luis ‘N’, propietario del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde se descubrieron 383 cadáveres en condiciones deplorables. Esta noticia marca un nuevo capítulo en una de las investigaciones más impactantes recientes en la región.

El 12 de febrero, el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, concedió un amparo a José Luis ‘N’ contra la vinculación a proceso impartida hace siete meses. Derivado de esta resolución, anoche se llevó a cabo una audiencia en Ciudad Juárez, donde el juez de Control revocó la vinculación al proceso y en lugar de ello dictó un auto de no vinculación, permitiendo que el empresario, quien además posee ciudadanía estadounidense, fuera liberado del Centro de Readaptación Social número 3 en las primeras horas del día.

El contexto que desencadenó esta situación ocurrió en junio del año pasado, cuando las autoridades localizaron 386 cadáveres embalsamados, amontonados y en ambiente insalubre, incluso con presencia de ratas, en el Crematorio Plenitud ubicado en la carretera Panamericana número 10631 sur, en la colonia Las Granjas Polo Gamboa. Tras el hallazgo, fueron detenidos el dueño, José Luis ‘N’, y su único empleado, Facundo Teófilo M.R., quien lamentablemente falleció mientras estaba bajo custodia.

Este descubrimiento reveló no solo negligencia sanitaria, sino también un grave atentado a la dignidad humana, afectando profundamente a las familias de las víctimas que buscaban justicia y respuestas. La situación puso en evidencia fallas en la supervisión sanitaria y provocó un debate sobre las medidas legales y de control en la industria funeraria en La Raza Media.

Fiscalía apelará la libertad

Ante la liberación de José Luis ‘N’ tras ganar el amparo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que presentará un recurso de revisión junto con una queja contra el juez federal que otorgó esta protección. En conferencia de prensa, el fiscal general, César Jáuregui Moreno, manifestó que no queda otra alternativa que impugnar legalmente la resolución y solicitar que el Poder Judicial de la Federación revise el caso.

«El juez federal no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por el Ministerio Público y pasó por alto que a los familiares se les entregaron urnas con basura, un acto cometido con intención maliciosa,» afirmó César Jáuregui Moreno, enfatizando que la justicia debe prevalecer para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse en Chihuahua o en cualquier otra parte del país.

El fiscal explicó que un juez anterior había negado el amparo a José Luis ‘N’ y que, más allá de los aspectos legales, enfrentan hechos que requieren sanciones contundentes. Además, destacó que las acusaciones hechas estaban bien fundamentadas y que el Ministerio Público identificó correctamente las conductas ilícitas de los involucrados.

Hasta ahora, solo 191 de los 386 cuerpos han sido oficialmente identificados y entregados a sus familiares, mientras que 187 siguen pendientes. Este lento avance alimenta la frustración y la indignación entre los afectados.

Familiares de las víctimas manifestaron su profunda decepción por la decisión judicial que otorgó la libertad al dueño del crematorio. Denunciaron un abandono judicial y exigieron la renuncia del fiscal de la Zona Norte, Jesús Manuel Salas, al mismo tiempo que pidieron que la Federación intervenga para hacerse cargo del caso. Desde la noche anterior, los familiares se congregaron en el juzgado para expresar su rechazo a la resolución y esta mañana se presentaron en la Fiscalía para demandar justicia.

Dueño y trabajador del crematorio vinculados a proceso

En julio de 2025, tanto el propietario como su empleado fueron vinculados a proceso penal por dos delitos relacionados con la ocultación y manejo ilegal de cadáveres. En esa ocasión, un juez estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria y confirmó la prisión preventiva como medida cautelar.

Ambos acusados optaron por no declarar ante el juez de Control, basando su defensa en que no cometieron delitos penales sino presuntas faltas administrativas derivadas de la falta de supervisión por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris). Incluso señalaron que la licencia de operación del crematorio estaba vigente y que la normativa vigente no especifica un límite máximo para la acumulación de cuerpos.

Los cargos imputados fueron conforme al Artículo 202, fracción I, del Código Penal de Chihuahua, que sanciona a quien oculte, destruya o sepulte un cadáver sin autorización, con una pena máxima de dos años de prisión. Adicionalmente, se les acusó bajo el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud, que contempla hasta 17 años de cárcel para quien ilícitamente obtenga, conserve o utilice restos humanos.

El caso ha movilizado a colectivos y familiares que han instalado altares en memoria de las víctimas y denunciado hostigamiento, solicitando apoyo y mayor intervención de las autoridades federales para garantizar justicia y evitar que se repitan hechos tan graves.