Un grupo compuesto por familiares, compañeros de trabajo y madres buscadoras protagonizó una marcha pacífica este sábado en la capital de Zacatecas para exigir justicia tras el asesinato del ingeniero minero José Ángel Hernández Vélez y su compañero Ignacio «Nacho» Salazar. Ambos eran originarios de la región zacatecana y se convirtieron en víctimas fatales de la violencia registrada en Concordia, Sinaloa, situación que ha causado conmoción en la comunidad minera y en La Raza Media.

José Ángel Hernández Vélez, natural de Cañitas de Felipe Pescador, fue despedido en su tierra natal el pasado martes después de ser identificado entre los restos encontrados en una fosa clandestina situada en el predio El Verde del municipio de Concordia. En el mismo trágico evento, ocurrido a finales de enero, perdió la vida Ignacio Aurelio Salazar Flores, también zacatecano y geólogo de profesión. Este episodio violento se presentó cuando un grupo armado irrumpió en un campamento minero, privando de la libertad a diez trabajadores de una empresa minera.

El padre de José Ángel, profundamente afectado por la pérdida, insistió en la necesidad de aplicar la justicia y castigar a los responsables. «Somos de Cañitas de Felipe Pescador, y desde ahí nos formamos; nuestro único objetivo es buscar un futuro mejor, pero ¿qué encontramos? La muerte. Esperamos con esperanza ver pronto resultados y que la muerte de mi hijo y de Nacho, su compañero, no quede impune», afirmó con dolor José Hernández, padre de la víctima.

Mineros lamentan la pérdida y exigen mayor protección

La inseguridad en las zonas mineras se suma a los peligros propios de esta profesión, señalaron los participantes durante la marcha. Carlos García, ingeniero especializado en minería, señaló que a pesar de la existencia de seguridad privada en muchas unidades mineras, los recientes hechos en Sinaloa demuestran la insuficiencia de estas medidas para proteger a los trabajadores.

«Actualmente, las unidades mineras tienen refuerzos de seguridad privada, pero como evidenció el caso de Sinaloa, no es suficiente para garantizar la seguridad de quienes laboramos aquí», explicó García.

Por su parte, Xóchitl López, ingeniera minera, subrayó la honestidad y el esfuerzo constante del gremio minero, reclamando respeto y justicia para sus compañeros:

«No es justo que esto suceda porque somos personas trabajadoras, honestas y dignas. Muchos de nuestros compañeros hacen falta aquí, por eso nos manifestamos de forma silenciosa y pacífica, luchando por la justicia para todos», destacó López.

Desde la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), su director Rubén Del Pozo hizo un llamado urgente a las autoridades para redoblar los esfuerzos de vigilancia en las inmediaciones de las unidades mineras, con la esperanza de que este lamentable caso sirva como ejemplo para evitar futuros incidentes similares.

«Es fundamental intensificar la vigilancia alrededor de las unidades mineras; ojalá que esta tragedia nos sirva como enseñanza de lo que jamás debe volver a ocurrir», puntualizó Del Pozo.

La marcha también contó con la presencia y solidaridad de madres buscadoras, quienes compartieron el peso de su dolor y encontraron cierto alivio en la recuperación de los cuerpos de los ingenieros, un proceso que muchas familias esperan durante años para poder dar a sus desaparecidos sepultura digna.

«Compartimos el mismo dolor y sufrimiento. Bendito sea Dios, aunque suene duro decirlo, los encontraron a ellos. Muchos de nosotros llevamos nueve o diez años sin localizar a nuestros seres queridos, por eso también venimos a esta manifestación para exigir que quienes faltan regresen a casa», expresó Guillermina Camacho, integrante de un colectivo de búsqueda.

Esta movilización, enmarcada dentro de un movimiento más amplio que se replicó en diversas ciudades bajo la consigna “Los mineros estamos de luto”, concluyó con un pronunciamiento de la familia de José Ángel, que recibió numerosas muestras de apoyo de parte de la ciudadanía zacatecana.

El sector minero tanto en Zacatecas como a nivel nacional mantiene firme su exigencia: justicia pronta para las víctimas y la implementación de medidas de seguridad efectivas en regiones con alta incidencia delictiva, para proteger la vida y el bienestar de quienes diariamente se dedican a una labor tan importante como riesgosa.