En un operativo reciente en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en Tula de Allende, Hidalgo, se realizaron detenciones significativas que incluyen a dos personas vinculadas a proceso por portación ilegal de armas de fuego y narcomenudeo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a través de su encargado del despacho, Francisco Fernández Hasbun, dio a conocer los avances legales tras el cumplimento de diligencias ministeriales que marcaron un evento legal importante en la región.

En total, se detuvo a 33 personas relacionadas con distintas conductas ilícitas en el contexto de esta operación, en tanto que 30 de ellas enfrentan procesos penales por los delitos de resistencia de particulares y pandilla. Estas personas solicitaron acogerse a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica, permaneciendo bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación.

El contexto de estas acciones legales se originó tras una diligencia de restitución ordenada por un juez del Estado de México, donde la Fiscalía General de Justicia de esa entidad ejecutó un operativo en la planta ubicada en Tula, con la finalidad de devolver las instalaciones de la Cooperativa Cruz Azul a su administración legal. Este procedimiento motivó la intervención adicional de la PGJEH, que actuó coordinadamente para garantizar el orden y la legalidad durante este proceso.

Los efectos de estas acciones han tenido gran impacto, pues además de los implicados en resistencia y pandillas, se logró la vinculación a proceso de dos personas específicas por delitos graves de portación de armas y narcomenudeo, permaneciendo bajo prisión preventiva. Asimismo, otro individuo investigado por portación de armas, pandilla y resistencia también solicitó la duplicidad del término constitucional y permanece bajo similar medida cautelar.

Francisco Fernández Hasbun resaltó que además existen dos investigaciones abiertas por delitos contra la libertad de expresión, lesiones, daños a la propiedad y robo, que se iniciaron a partir de denuncias formuladas por comunicadores vinculados al contexto del operativo. Esto añade una dimensión de atención especial hacia la protección de derechos fundamentales en el marco de esta situación conflictiva.

La operación que derivó en estas detenciones se caracterizó por un despliegue estratégico de más de 450 elementos de la policía estatal, quienes acudieron desarmados para proteger a la población civil y evitar la repetición de hechos violentos previos registrados en la zona. Esta estrategia preventiva fue respaldada con 104 unidades patrulla, siete ambulancias y siete grúas, evidenciando un esfuerzo coordinado de seguridad para mantener el control y garantizar la integridad de las personas.

El operativo culminó exitosamente sin registrar desapariciones ni víctimas mortales, un hecho destacado tanto por la Procuraduría como por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), que manifestó su apoyo a la Fiscalía General del Estado de México en el proceso de cateo y resguardo. El compromiso de velar por la seguridad y paz social en la región fue una prioridad durante toda la intervención.

De cara al futuro, las autoridades continúan con el seguimiento judicial y las investigaciones necesarias para procesar a los implicados, sosteniendo la vigilancia en la planta cementera y sus alrededores. Este caso pone de manifiesto la importancia de la coordinación interinstitucional para la gestión de conflictos y la aplicación de la ley, reafirmando el compromiso con la justicia y la seguridad en La Raza Media.