La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Laguna ha salido a la luz para denunciar una seria problemática que enfrentan los constructores locales: presuntas extorsiones al transportar combustible para la maquinaria y vehículos que utilizan en sus proyectos de construcción. Estas acciones, atribuidas a autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), han generado preocupación, especialmente después del reciente intento de extorsión que alcanzó un monto de un millón de pesos.
Recientemente, en una reunión con representantes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), del Mando Especial de La Laguna y del Consejo Ciudadano de Seguridad, los empresarios del sector manifestaron públicamente su rechazo a estas prácticas. Señalan que tales actos se aprovechan de lagunas legales relativas al transporte legal de combustible, lo que pone en riesgo la operación normal de las obras y la seguridad de los involucrados.
El presidente de la CMIC Laguna, Alejandro Jiménez Algara, detalló que las extorsiones denunciadas oscilan desde sumas relativamente pequeñas de dos mil pesos hasta casos mucho más graves, como el reciente intento en Torreón, donde un conductor fue retenido ilegalmente por la FGR y se le exigió el pago de un millón de pesos. Afortunadamente, la denuncia presentada evitó la consumación del delito. Además, recordó que en el año previo también se registró un intento similar por 300 mil pesos.
El problema radica en un vacío normativo existente en torno a la regulación del transporte de combustible para autoconsumo en obras. Actualmente, la legislación sólo contempla permisos para volúmenes superiores a 75 mil litros, dejando sin regulación específica los volúmenes menores que habitualmente transportan las empresas constructoras. Esta falta de claridad legal genera incertidumbre y da lugar a interpretaciones discrecionales por parte de autoridades, aumentando el riesgo de abusos y presiones indebidas.
Ante esta situación, la CMIC Laguna hizo un llamado urgente a las autoridades para que establezcan criterios claros y uniformes que regulen el transporte de combustible en cantidades menores, así como para que se creen esquemas de permisos accesibles especialmente para pequeñas y medianas empresas. Subrayaron la necesidad de garantizar que cualquier revisión hecha por la autoridad se realice conforme a la ley, evitando arbitrariedades que puedan traducirse en extorsiones.
Las empresas constructoras afectadas piden certeza jurídica y un trato equitativo que les permita operar con seguridad y eficiencia. Alejandro Jiménez Algara expresó: «Lo que solicitamos es un marco legal definido con reglas claras y un nivel de igualdad para todas las compañías. Estamos abiertos al diálogo para construir una solución técnica y jurídica que proteja la seguridad energética y la viabilidad operativa de nuestras empresas».
En seguimiento a estas denuncias y tras la reunión con las autoridades involucradas, se acordó implementar un programa de capacitación dirigido tanto a los conductores como a las empresas en general. Este programa busca informarles sobre sus derechos y procedimientos adecuados frente a revisiones realizadas por agentes de la FGR, quienes han sido señalados en estos casos de presuntas extorsiones.
Además, el Mando Especial de La Laguna puso a disposición una línea directa para reportar cualquier incidente de intento de extorsión. «Se comprometieron a presentarse inmediatamente en el sitio donde ocurra el hecho para tomar cartas en el asunto y deslindar responsabilidades», agregó Jiménez Algara, subrayando el compromiso institucional para proteger a las empresas y garantizar un ambiente seguro para el desarrollo de las obras.
