La historia de los supuestos tamales con fentanilo en la Sierra Norte de Puebla desató una serie de señalamientos infundados, miedo colectivo, contradicciones entre instituciones y una clara falta de capacidad para atender y controlar una crisis sanitaria. Este suceso, que involucró a siete niños de una misma familia, expone fallas en la atención médica y la gestión de la información pública, reflejando desafíos profundos en el sector salud local.

El 14 de febrero, una familia originaria de Huauchinango, un municipio en la Sierra Norte de Puebla, acudió a su negocio de confianza en la colonia El Potro para comprar tamales, una práctica habitual entre los habitantes que disfrutan y promueven la gastronomía local callejera. Tras un desayuno aparentemente común, siete niños, con edades entre 2 y 11 años, comenzaron a mostrar síntomas preocupantes como deshidratación, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, por lo que fueron trasladados rápidamente al hospital IMSS-Bienestar de Huauchinango.

Mediante visitas en terreno, revisión de comunicados oficiales y entrevistas con autoridades y habitantes, La Raza Media reconstruyó cómo se inició y se fue escalando la sospecha alrededor de los tamales con fentanilo. Los menores fueron atendidos en urgencias, y según los primeros testimonios, el único antecedente común previo a la intoxicación era el consumo de los tamales. Seis de ellos mejoraron rápidamente y fueron dados de alta el mismo día, mientras que una niña de 10 años, Cristina N., presentó complicaciones mayores al sufrir una crisis convulsiva, por lo que requirió atención especializada y medicamentos controlados para prevenir episodios adicionales.

El caso más grave: crisis convulsiva

Cristina fue la más afectada y, tras 24 horas hospitalizada, se le practicó un análisis toxicológico que arrojó un resultado positivo para fentanilo. Este hallazgo alarmó al personal médico y al hospital, que notificó a la Secretaría de Salud del Estado, la cual difundió la información a la opinión pública, generando una alerta en la comunidad y en diversas instancias gubernamentales.

El primer reporte de intoxicación por fentanilo, especialmente en un menor, encendió las alarmas en el sector salud, en las fuerzas de seguridad, en el ayuntamiento de Huauchinango, el gobierno estatal y en ámbitos nacionales e internacionales. La región, ya afectada por inseguridad y robo de hidrocarburos, vivió un aumento en la preocupación colectiva ante esta noticia que se mezcló con el temor latente.

Comunicados tardíos y versiones contradictorias

Los comunicados oficiales llegaron con demora y presentaron contradicciones. Uno de los más impactantes fue el publicado por la Secretaría de Salud del estado el 17 de febrero, tres días después del incidente y cuando la niña ya había sido dada de alta, que afirmaba que “una niña de 10 años continúa hospitalizada bajo observación médica, luego de que los estudios toxicológicos arrojaran resultado positivo a fentanilo”, lo que originó versiones que sugerían que Cristina estaba en riesgo grave.

“Una niña de 10 años permanece hospitalizada bajo observación médica tras confirmarse un resultado positivo en pruebas toxicológicas por fentanilo”, afirmó en su momento la Secretaría, lo que generó incertidumbre sobre la gravedad del cuadro, a pesar de que la menor ya había regresado a su hogar.

Más adelante, el gobierno de Puebla confirmó que la menor ya había sido dada de alta y subrayó que continuarían con una investigación rigurosa para esclarecer el caso y llevar justicia a los afectados, en medio de rumores persistentes sobre los tamales contaminados.

“Las secretarías de Salud, Seguridad Pública y las autoridades encargadas de la procuración de justicia están realizando las investigaciones pertinentes para castigar severamente a quienes resulten responsables”, declararon las autoridades estatales.

Investigación penal y escalamiento mediático

La calificación del incidente como un posible delito por intoxicación derivó en la apertura de una carpeta de investigación por posibles lesiones dolosas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que incrementó la atención mediática y el interés público en hallar a los responsables. La presencia del fentanilo, una sustancia ilegal y altamente peligrosa, alimentó la repercusión nacional e internacional del caso.

Reacciones internacionales y federales

El 18 de febrero el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó su preocupación a través de redes sociales, alertando que el fentanilo no discrimina entre nacionalidades ni edades, y enfatizó la urgencia de desmantelar las redes que trafican esta sustancia en nuestras comunidades.

“Esto incrementa la necesidad de desarticular las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo”, subrayó Johnson en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Al día siguiente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el caso durante una visita en Puebla, ordenando que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga y que la Secretaría de Salud colabore plenamente para resolver prontamente la investigación. Sin embargo, insistió en la importancia de confirmar primero la presencia real de fentanilo y esclarecer cómo llegó al alimento en cuestión.

“Primero debemos confirmar si realmente fue fentanilo, después determinar cómo llegó a ese alimento y, finalmente, proceder con las investigaciones correspondientes”, afirmó Sheinbaum durante un evento con motivo del Día del Ejército Mexicano.

Además, explicó que según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el consumo de fentanilo entre jóvenes en México sigue siendo bajo, un dato tranquilizador en medio de la crisis de desinformación.

El origen real del positivo a fentanilo

Finalmente, en la tarde del 16 de febrero, se aclaró que la causa del resultado positivo al fentanilo en los análisis toxicológicos de Cristina no fue la ingesta de tamales contaminados, sino el efecto del medicamento esquizofrénico aplicado en el hospital para controlar su crisis convulsiva. Los médicos que la atendieron administraron de forma adecuada medicación controlada que contenía barbitúricos, metadona y fentanilo, lo que provocó el positivo en la prueba toxicológica.

Este error en la interpretación de los resultados generó una crisis de comunicación y seguridad sanitaria, así como una respuesta desproporcionada que incluyó investigaciones nacionales e internacionales debido a la alarma pública.

Aún permanecen pendientes los resultados de las pruebas químicas a los tamales para confirmar o descartar la verdadera presencia del fentanilo en ellos. La investigación penal sigue abierta, pues el hecho de que siete niños resultaran intoxicados en un mismo hogar sin que otros presentaran síntomas demanda un análisis profundo y responsable.

Este caso queda registrado no solo como un ejemplo contundente de las deficiencias en la atención de crisis y la gestión de información en el sector salud de la Sierra Norte, sino también como una muestra de cómo la desinformación y la criminalización colectiva pueden generar efectos alarmantes y a veces infundados.

Voces de la comunidad

En recorridos por Huauchinango, los padres de familia y comerciantes expresaron preocupación ante el caso, aunque señalaron que muchas de las primeras versiones difundidas carecían de certeza. Reconocieron que, independientemente de la presencia o no de fentanilo, las adicciones y el consumo de drogas son un problema latente en la comunidad, con un aumento de jóvenes atrapados en estas redes.

Advirtieron que sucesos como este son un reflejo de lo que podría suceder si no se controla el tráfico de drogas, no solo en Puebla, sino en todo México. Subrayaron que, aunque es conocimiento común entre algunos dónde y quiénes venden estas sustancias, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades dificulta actuar en contra de este problema.