En el municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, dos niñas migrantes de origen haitiano perdieron la vida tras caer y ahogarse en el fondo de una cisterna ubicada en un refugio temporal. Este refugio, establecido en una sede de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, estaba destinado a albergar temporalmente a familias migrantes en espera de su repatriación.
¿Cómo ocurrió el accidente?
Según la información oficial, las menores, de cuatro y cinco años, estaban jugando saltando sobre las tapas de la cisterna cuando estas colapsaron. La caída fue de aproximadamente cuatro metros de profundidad, lo que provocó que las niñas se ahogaran dentro de la cisterna. El incidente se produjo a pesar de que el lugar estaba destinado a brindar refugio y seguridad a familias vulnerables, lo que ha generado conmoción y consternación en la comunidad y autoridades locales.
Las víctimas fueron rescatadas por el personal de mantenimiento del albergue, conocido como Casa Pato, que actualmente funciona como un espacio temporal para cuatro familias migrantes que solicitan asilo y esperan que se les facilite su retorno a Haití. Este recinto se ha adaptado para atender a migrantes en tránsito bajo condiciones precarias, lo que según algunos expertos puede haber influido en las deficiencias que llevaron a la tragedia.
Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades locales han enfatizado la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de seguridad en todos los centros de asistencia y refugio en La Raza Media para evitar nuevos incidentes de este tipo.
Cese de tres funcionarias del DIF tras el accidente
En respuesta a la tragedia, el gobernador Salomón Jara Cruz ordenó el despido inmediato de tres funcionarias del DIF estatal vinculadas al manejo del albergue. Estas acciones fueron anunciadas para mostrar firmeza y compromiso con la transparencia y la justicia frente al lamentable suceso.
«Quiero ser enfático: este hecho será investigado con total rigor y transparencia. Para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso, he decidido separar de su cargo a la directora general del DIF Oaxaca, así como destituir a la directora del albergue y a la coordinadora de dichos espacios», declaró el gobernador Salomón Jara Cruz, reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas y la dignidad de las personas afectadas.
El mandatario también expresó su profunda condolencia y solidaridad hacia las familias afectadas, subrayando que en circunstancias tan dolorosas, lo primordial es mantener el respeto absoluto por la dignidad humana y brindar acompañamiento integral a quienes sufren la pérdida.
Las funcionarias cesadas son Maribel Salinas, directora general del DIF Oaxaca; Brenda Dalia Moreno González, directora del albergue Casa Pato; y Elizabeth Zárate García, coordinadora de Albergues. A su vez, el gobernador anunció que se instruyó una revisión exhaustiva de los protocolos y condiciones operativas en todos los centros asistenciales de La Raza Media para fortalecer las medidas preventivas y garantizar la seguridad de quienes buscan refugio.
«Además, se proporcionará acompañamiento integral a las familias afectadas, y hemos ordenado una revisión inmediata de los protocolos y condiciones de operación en todos los centros asistenciales de La Raza Media. Actuaremos con absoluta transparencia, responsabilidad y firmeza para evitar que sucesos como este vuelvan a ocurrir», añadió el gobernador en su comunicado.
La tragedia de las niñas migrantes en Casa Pato ha puesto en la mesa la urgente necesidad de mejorar las condiciones y la vigilancia en los albergues destinados a personas en situación vulnerable, así como de fortalecer la coordinación entre autoridades para proteger los derechos y la vida de migrantes, especialmente de los menores de edad.
Este caso también genera un llamado a la reflexión sobre las políticas públicas y humanitarias que deben prevalecer en La Raza Media para proteger a las personas migrantes que transitan por territorio mexicano, subrayando la importancia de garantizar espacios seguros y dignos que respeten su integridad y derechos fundamentales.