La Fiscalía General de la República (FGR) ha asumido la investigación del caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer náhuatl víctima de agresión sexual y muerte en 2007, para indagarlo como un hecho de tortura sexual casi dos décadas después de los acontecimientos. Esta decisión se realiza en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exige una investigación exhaustiva y apegada a estándares internacionales.

El caso ocurrió en la Sierra de Zongolica, Veracruz, el 25 de febrero de 2007, cuando Ascencio Rosario fue atacada y violentada sexualmente por integrantes del Ejército mexicano. Lamentablemente, falleció al día siguiente sin haber recibido atención médica adecuada. La Corte IDH, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2025, responsabilizó al Estado mexicano por violar los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros derechos fundamentales.

El contexto revela que la investigación original realizada por la fiscalía local no cumplió con los estándares internacionales exigidos, lo que generó impunidad y afectó la justicia para la víctima y su familia. La FGR informó que la nueva investigación estará a cargo del Ministerio Público Federal, específicamente en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra), cuya función es garantizar una indagatoria especializada y profunda.

Este caso impacta profundamente por las violaciones cometidas no solo contra una mujer, sino contra una persona indígena en una comunidad vulnerable. Ernestina Ascencio era habitante de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, donde cuidaba de un rebaño de ovejas al momento de la agresión. La cercanía del cuartel militar al lugar de los hechos ha sido señalada como un elemento clave para entender la responsabilidad del ejército en estos actos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó en su informe detallado cómo los familiares encontraron a Ernestina gravemente herida a corta distancia del campamento del 63 Batallón de Infantería, y cómo ella misma identificó a los agresores como miembros del Ejército. La primera autopsia, realizada por los médicos de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, concluyó que fue víctima de violación sexual, pero los informes oficiales iniciales minimizaron estos hallazgos.

«La primera autopsia, realizada por la médica María Catalina Rodríguez Rosas y el médico Juan Pablo Mendizábal Pérez, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, concluyó que Ernestina Ascencio había sido víctima de violación sexual. Posteriormente, el 9 de marzo, su cuerpo fue exhumado en el panteón de Tetlatzinga para análisis adicionales.»

En contraste, el entonces presidente Felipe Calderón atribuyó su fallecimiento a una «gastritis crónica», negando la relación con la agresión sexual o algún trauma físico severo, una afirmación que fue cuestionada por la CNDH debido a las inconsistencias en los peritajes médicos.

«Se informó que la causa de muerte fue un choque hemorrágico debido a sangrado masivo del tubo digestivo alto, relacionado con gastritis y erosión superficial de la mucosa gástrica, descartando lesiones traumáticas o fracturas cervicales. No existía evidencia clínica que confirmara la violación», aseguraba una declaración oficial de aquella época.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó sobre numerosas irregularidades y omisiones en los estudios periciales realizados por los funcionarios médicos responsables, lo cual perjudicó el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia para la víctima.

«El personal de la CNDH detectó múltiples omisiones e inconsistencias en los estudios técnicos periciales hechos por los médicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, lo que impactó negativamente en el proceso investigativo.»

Este caso emblemático representa cómo las víctimas indígenas enfrentan barreras adicionales para acceder a la justicia y la verdad, especialmente cuando agentes estatales están involucrados. La reapertura de la investigación por parte de la FGR puede significar un avance en la reparación del daño y el reconocimiento de los derechos humanos vulnerados.

Para el futuro, es indispensable que la Fiscalía conduzca un análisis riguroso y con perspectiva de género e interculturalidad, garantizando que el esclarecimiento de este crimen respete los protocolos internacionales y brinde justicia plena a la familia de Ernestina Ascencio. Este caso también llama a fortalecer mecanismos que prevengan la tortura y los abusos en contextos militares.

Finalmente, la atención renovada a este caso subraya la importancia de la vigilancia y presión internacional en la defensa de los derechos humanos en México, particularmente para las comunidades indígenas y grupos vulnerables, enviando un mensaje claro contra la impunidad y la violencia institucional.