Después de más de once años de retrasos judiciales y una larga espera marcada por la búsqueda de justicia, Filiberto Hernández Martínez fue sentenciado este miércoles 25 de febrero a 175 años y cinco meses de prisión. Esta condena corresponde al feminicidio de tres de las cinco víctimas que él mismo confesó haber secuestrado, torturado y asesinado en el municipio de Tamuín, ubicado en la región de la Huasteca potosina.
La sentencia fue dictada en Ciudad Valles por la jueza Rosa Elena Blanco Ríos, titular del Juzgado Penal del Sexto Distrito Judicial del Estado y del Juzgado Regional de Ejecución de Penas. La autoridad judicial otorgó valor probatorio a las evidencias presentadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, lo que permitió que Hernández Martínez fuera declarado culpable de feminicidio y feminicidio agravado.
Los crímenes reconocidos en esta resolución corresponden a las víctimas Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años; Itzel Romany Castillo Torres, de apenas 11 años; y Dulce Jimena Reyes Hernández, de tan solo 9 años de edad, asesinadas brutalmente.
Durante la audiencia, los familiares de estas tres víctimas presenciaron el fallo mientras lloraban y se abrazaban, reflejando el profundo dolor y alivio luego de más de una década de lucha legal, que estuvo marcada por constantes demoras procesales, negligencias institucionales y la utilización de diversas estrategias legales por parte de la defensa del ahora sentenciado para retrasar el proceso.
Las familias recibieron acompañamiento constante en este arduo camino por parte de la abogada Karla Michell Salas y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social. Estas instancias jugaron un papel crucial al impulsar acciones legales que permitieron avanzar en el caso, incluyendo un amparo que permitió reactivar un recurso de apelación que había quedado varado en el expediente desde 2020.
Filiberto Hernández fue detenido en julio de 2014 y desde entonces permaneció en prisión preventiva en un penal federal de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango. Tras su detención, proporcionó información sobre la ubicación de los cuerpos de las víctimas, que fueron localizados enterrados en medio de sembradíos de caña de azúcar. Curiosamente, en la comunidad era conocido por actividades aparentemente inocuas como impartir catecismo, clases de artes marciales y enseñanza de zumba.
Importante destacar que la condena dictada este miércoles corresponde únicamente a tres de los cinco casos que pesan sobre Hernández. Aún permanecen abiertos otros dos procesos penales por el secuestro y asesinato de Rosa María, de 15 años, y Adriana, de 13, los cuales continúan en diferentes etapas del procedimiento judicial.
Para las familias de las víctimas, esta resolución representa un avance significativo en su lucha por justicia, después de más de once años llenos de incertidumbre y constantes actos de revictimización.
