Con una votación de seis a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que obliga al Congreso de Chiapas a legislar en un plazo máximo de 180 días sobre la libre determinación y el autogobierno de los pueblos originarios. Esta resolución marca un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en la entidad.

Además de la orden de legislar, la SCJN estableció que en un plazo de 90 días las autoridades tradicionales de la comunidad La Candelaria, ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, deben contar con las condiciones materiales necesarias para ejercer plenamente su autogobierno. Esta medida busca garantizar la efectividad y autonomía de las instituciones indígenas en su ámbito territorial.

La resolución se emitió durante la Primera Sesión Extraordinaria en Territorio, llevada a cabo en el municipio de Tenejapa, situado a pocos kilómetros del Caracol 7 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta región concentra una de las mayores comunidades originarias del país, por lo que el objetivo declarado fue acercar la justicia a los pueblos directamente en sus territorios, reconociendo su derecho a la autodeterminación y el respeto a sus formas de gobierno propias.

Carencia de regulación en Chiapas

El dictamen fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien destacó la fundamentación legal de la demanda basada en el artículo 2º de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de ello, llamó la atención sobre la ausencia de una legislación estatal que regule la materia de forma integral.

«El proyecto concluye que respecto a la omisión reclamada, debe concederse el amparo, pues se identifica una falta derivada tanto de la legislación nacional como internacional», explicó la ministra Ortiz Ahlf al presentar el fallo.

Se destacó que esta omisión legislativa impide el ejercicio real y efectivo de la libre determinación y del gobierno indígena, por lo cual se impone la obligación a las autoridades estatales de implementar normas que permitan garantizar estos derechos. Para mitigar los efectos restrictivos derivados de esta omisión, se vinculó al Poder Ejecutivo estatal, al Congreso y al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas para que adopten en 90 días las medidas necesarias que aseguren el autogobierno efectivo de La Candelaria.

Acciones comunitarias desde hace cinco años

La historia detrás de este fallo se remonta al 28 de noviembre de 2021, cuando en asamblea general la comunidad de La Candelaria acordó por consenso iniciar acciones políticas y jurídicas con el fin de obtener el reconocimiento oficial de su autogobierno comunitario. Desde febrero de 2022, intentaron promover su demanda ante distintos órganos estatales sin lograr una respuesta favorable.

Frustrados en sus intentos, las autoridades tradicionales presentaron un juicio de amparo que en primera instancia fuera rechazado por un juzgado de distrito. Sin embargo, tras recursos de revisión y apelación, la cuestión llegó hasta la SCJN, que finalmente resolvió a favor de la comunidad indígena, estableciendo un precedente significativo en la defensa de sus derechos.

Desatención de necesidades por parte de gobiernos municipales

Durante la sesión, Agustín Díaz, representante de la comunidad de La Candelaria, expuso que la comunidad enfrenta múltiples carencias que no son cubiertas adecuadamente por los gobiernos municipales. Por ello, enfatizó la importancia del reconocimiento institucional como un medio para obtener recursos propios y jurisdicción suficiente para administrar sus asuntos internos acorde a sus usos y costumbres.

El evento contó con la presencia de los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos, Giovvani Figueroa, Irvin Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías, así como la asistencia de alrededor de tres mil personas, en su mayoría indígenas del ejido Jlumaltik Candelaria, quienes fueron testigos de esta resolución histórica dentro del territorio indígena. Hasta ahora, únicamente el municipio de Oxchuc había obtenido reconocimiento para elegir a sus autoridades mediante usos y costumbres.

Este fallo de la Suprema Corte representa un avance significativo en el reconocimiento formal del autogobierno indígena, abriendo la puerta para que otras comunidades también puedan afirmar sus derechos a la autonomía y a un presupuesto propio.

El compromiso ahora está en que las autoridades de La Raza Media cumplan con los plazos e instrucciones dictadas para legislar adecuadamente y garantizar que las comunidades indígenas puedan gobernarse a sí mismas con los recursos y el respeto que merecen, sentando un precedente relevante para el fortalecimiento de la pluralidad política y cultural en el país.