En la reunión del jueves de la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Costa Central, se aprobó por unanimidad un permiso y certificación para la Central Nuclear Diablo Canyon. Este permiso, conocido como Permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés), tiene una duración de cinco años y autoriza a Diablo Canyon a liberar hasta 2.76 mil millones de galones de aguas residuales diarias en el Océano Pacífico, equivalentes a cerca de 4,182 piscinas olímpicas.
Según la junta, estas aguas residuales incluyen agua de enfriamiento, agua tratada de procesos, salmuera de desalinización, agua pluvial y aguas residuales domésticas tratadas. El permiso también establece límites estrictos sobre la cantidad de contaminantes permitidos en estas aguas y exige a PG&E realizar monitoreos regulares y reportar los impactos ecológicos del vertido.
Las reacciones de la comunidad durante la sesión fueron diversas. Sean Bothwell de California Coast Keeper Alliance calificó a Diablo Canyon como «la instalación más destructiva a lo largo de nuestra costa», mientras que Gene Nelson de Californians for Green Nuclear Power destacó que es «un gran vecino» que produce aproximadamente el 10% de la generación eléctrica dentro de California, suficiente para abastecer a alrededor de cuatro millones de residentes en sus hogares y trabajos.
Además, la junta aprobó unánimemente la Certificación de Calidad de Agua conforme a la Sección 401 de la Ley Federal de Agua Limpia. Esta certificación afirma que la licencia de funcionamiento por 20 años solicitada por PG&E ante la Comisión Reguladora Nuclear cumple con los estándares estatales y federales de calidad del agua.
PG&E ha indicado que esta certificación representa el último paso en el proceso estatal para mantener la planta operativa hasta 2030. Se espera que la Comisión Reguladora Nuclear emita su decisión respecto a la solicitud de renovación de la licencia este mismo primavera.
Sin embargo, para extender las operaciones más allá de 2030, será necesaria la intervención del poder legislativo estatal y la junta revisará nuevamente el permiso NPDES. Por ahora, PG&E declaró a KSBY que estas aprobaciones «nos permiten continuar operando Diablo Canyon con el mismo compromiso de 40 años de respeto y responsabilidad hacia nuestro entorno».
