En el Congreso de Durango se ha llevado a cabo una reunión significativa que reunió a colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas y a las distintas dependencias encargadas de atender este delicado tema en la entidad. El objetivo principal fue actualizar el marco legislativo que regula la materia, procurando que las normativas respondan de manera más eficiente a las necesidades tanto institucionales como civiles, con una visión más clara y precisa sobre los requerimientos que el contexto actual demanda.
Los colectivos participantes expusieron la complejidad que conlleva la tarea de búsqueda de personas desaparecidas, así como las barreras burocráticas que dificultan su labor. Gracias a este diálogo directo, se logró una mejor comprensión del proceso y de los retos que enfrentan quienes se dedican a esta labor, lo que permitirá plantear reformas que faciliten los procesos y eliminen trabas administrativas excesivas.
Desde hace tiempo, en Durango se ha trabajado en temas relacionados con la desaparición forzada. Sin embargo, dada la evolución de los acontecimientos y la experiencia acumulada, se reconoce la necesidad de actualizar el marco legal para que responda a las realidades actuales y garantice una mejor protección a las víctimas y sus familias. Además, colectivos como las madres buscadoras de La Laguna han anunciado su participación en la megamarcha del 10 de mayo, mostrando el compromiso social y la visibilidad que tiene esta problemática.
Trabajo conjunto para fortalecer la ley
En este contexto, el diputado local Otniel García Navarro, representante de Movimiento de Regeneración Nacional, destacó la importancia de la colaboración estrecha entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para robustecer el marco legal en materia de desapariciones. Señaló que uno de los objetivos es garantizar que la ley no sea solo un documento sino una herramienta que funcione eficazmente en la práctica, protegiendo los derechos de las víctimas y facilitando la acción de las autoridades y colectivos.
García Navarro enfatizó que esta reunión es sumamente productiva y trascendental porque la desaparición forzada impacta de manera directa a toda la sociedad. Por ello, es prioritario realizar un diagnóstico basado en la legislación federal, para después identificar y aplicar las adecuaciones necesarias a nivel local, adaptando la normatividad estatal a las particularidades de la entidad.
«Las conclusiones a las que estamos llegando indican que debemos fundamentarnos en la Ley General de Desaparición Forzada. Es fundamental realizar las modificaciones pertinentes en el Código Penal del Estado para incorporar esta Ley General y también en la Declaración Especial de Ausencia», explicó el legislador con claridad y determinación.
Este proceso también plantea una oportunidad para armonizar las políticas públicas y los mecanismos legales que permitan una actuación más coordinada y eficiente entre las distintas instancias gubernamentales y la sociedad civil organizada. De esta manera, se busca que las respuestas ante casos de desaparición no solo sean más rápidas, sino también más sensibles y ajustadas a la justicia.
En los próximos meses, se prevé continuar con mesas de trabajo, diálogos y consultas para enriquecer la propuesta legislativa, con el fin de que las reformas sean integrales y contemplen todos los aspectos relevantes, desde la prevención hasta la atención, búsqueda, sanción y reparación.
Este esfuerzo legislativo en Durango refleja un compromiso profundo con el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones efectivas para uno de los problemas más dolorosos que enfrenta la sociedad. Actualizar y fortalecer las leyes en esta materia no solo mejora el marco jurídico, sino que también representa un avance en la construcción de un entorno más seguro, justo y humano para todos.