Marcela de Jesús Natalia, periodista indígena y defensora de los derechos humanos, continúa viviendo en desplazamiento forzado debido a los múltiples ataques sufridos a lo largo de su labor informativa en Guerrero. Su historia ha captado la atención internacional tras el reciente pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien evidenció la grave situación de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas en contextos de violencia.

Este caso particular ha resaltado las dificultades extremas que atraviesan las comunicadoras indígenas al ejercer su profesión en ambientes adversos, donde sus derechos son constantemente vulnerados. Según datos de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), en Guerrero se han registrado al menos tres casos de mujeres desplazadas por violencia en los últimos años, un reflejo palpable de una problemática silenciosa pero profunda.

Durante su estancia en México, Volker Türk tuvo un encuentro con Marcela de Jesús Natalia, quien ha sido blanco de múltiples agresiones por informar a las comunidades indígenas sobre sus derechos fundamentales. Las organizaciones civiles especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres periodistas han exhortado a que estos reconocimientos oficiales se traduzcan en medidas concretas que garanticen justicia, reparación y protección frente a las amenazas.

En entrevista, Marcela denunció que a casi nueve años del atentado armado que sufrió en 2017, el proceso judicial permanece estancado sin avances significativos. No fue hasta abril de este año que pudo declarar formalmente ante las autoridades, evidenciando irregularidades en la investigación, y solo en este mes tuvo acceso a copias de la carpeta de investigación que contiene su caso.

A pesar de existir una orden de aprehensión contra el presunto agresor, las autoridades no la han ejecutado, perpetuando la impunidad y prolongando el riesgo para la periodista. Sobre esta situación, Marcela expresó contundentemente:

«No resulta justo que yo tenga que abandonar mi hogar para proteger mi vida, cuando las autoridades encargadas no cumplen con su deber.»

La historia de Marcela es también una narrativa de valentía y resistencia. Desde niña enfrentó intentos de casamiento forzado, logró escapar, estudió y se convirtió en locutora comunitaria. En 1998 fue encarcelada durante tres años y en 2017 sobrevivió a un ataque armado. Hoy, a sus 65 años, continúa desplazada, lejos de su comunidad, luchando por ejercer su derecho a informar libremente.

Este caso evidencia la violencia estructural y sistemática que enfrentan las mujeres indígenas periodistas en México, en un contexto donde la protección institucional es insuficiente y las agresiones se normalizan.

El pasado 4 de marzo, Marcela viajó a Guerrero para reunirse con diversas autoridades, incluyendo a la encargada de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la titular del Mecanismo Estatal, Lourdes Cisneros; personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); el fiscal general Zipacná Jesús Torres; así como representantes del Fondo de Apoyo a Periodistas y ex directores de Radio y Televisión de Guerrero (RTG).

Sin embargo, en un segundo encuentro virtual el 21 de abril, para dar seguimiento a los compromisos del 4 de marzo, Marcela informó que no logró recuperar su plaza en RTG. Le ofrecieron incluirla en «una lista de raya», situación que rechazó porque lo que realmente solicita es la reincorporación a su puesto y la programación de su espacio de 5:00 a 9:00 A.M., la cual permanece estancada.

En cuanto a su trabajo, denunció actos de nepotismo, pues aseguraba que su plaza fue asignada a la cuñada de la administradora de RTG, lo que añade un tinte de corrupción y favoritismo al caso.

«Respecto a la carpeta de investigación, en abril finalmente me entregaron una copia y realizaré una ampliación de mi declaración, pues hasta ahora no he declarado formalmente en ella», reiteró.

También destacó que fue reconocida como víctima por la CEAV estatal apenas en abril, casi nueve años después del atentado, y en este mismo mes se incorporó al Fondo de Apoyo a Periodistas.

Comentó que la asistencia de la secretaria de Salud estaba prevista para el encuentro del 4 de marzo, pues aún requiere atención médica especializada, pero esta no asistió.

«Quiero evidenciar lo que tanto se dice en el Gobierno, que se actúe sin importar a quién perjudique… Además, mencioné que es un secreto a voces quién pagó los $50,000.00 para intentar acabar conmigo. La presunta autora intelectual del ataque también influyó para que me quitaran mi plaza en la radio», concluyó.

Asaltos a periodistas en Guerrero incrementan la preocupación por la seguridad

En menos de una semana, dos periodistas en Guerrero fueron víctimas de robos con violencia en diferentes municipios, situación que ha encendido alertas dentro del gremio periodístico debido a la grave falta de condiciones seguras para ejercer la profesión.

El hecho más reciente ocurrió en Chilpancingo, donde Pablo Israel Vázquez Sosa, jefe de Información del diario Vértice, denunció haber sido asaltado durante la madrugada mientras salía de su trabajo. Según su testimonio, fue interceptado por dos jóvenes en la calle Francisco I. Madero, en el corazón de la capital, quienes le arrebataron su cartera. A pesar de buscar ayuda en las cercanías y en la plaza cívica, no encontró presencia policial que lo respaldara, además de denunciar la insuficiencia del alumbrado público en la zona, lo cual facilita los delitos.

Este incidente se suma a un asalto violento ocurrido el 23 de abril en Atoyac de Álvarez, donde Francisco Magaña de Jesús, corresponsal del periódico El Sur y de Radio y Televisión de Guerrero (RTG), fue atacado al regresar de una cobertura. Un sujeto armado con una navaja lo interceptó en la calle 5 de Mayo, cerca del estacionamiento conocido como ‘El Champurro’, robándole el teléfono y dinero en efectivo, además de causarle lesiones en mano, muñeca y pierna cuando intentó defenderse.

Francisco fue apoyado por elementos de seguridad, trasladado al hospital IMSS-Bienestar ‘Dr. Juventino Rodríguez García’ para recibir atención médica y posteriormente presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

Ambos casos han despertado una profunda preocupación entre periodistas guerrerenses, quienes exigen garantías claras y efectivas para la protección de quienes ejercen el periodismo en una región marcada por la inseguridad y la violencia persistente.

La necesidad de apoyos legales y físicos para periodistas y defensores de derechos humanos también ha sido planteada por autoridades a nivel nacional, destacando propuestas legislativas que buscan fortalecer la protección y respaldo institucional a estos sectores vulnerables.