Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, encabezó una importante reunión con diversas instituciones que representan a los trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California. Este encuentro se enfocó en avanzar en el Plan de Justicia, una iniciativa diseñada para mejorar las condiciones laborales y de vida de los jornaleros y sus familias en esta región fundamental para la producción agrícola nacional.
Durante la reunión, la secretaria Montiel destacó que el evento estuvo orientado a fortalecer la coordinación entre el gobierno de México y los agricultores, en busca de garantizar que cada acción emprendida se traduzca en justicia social y bienestar para los trabajadores del sector. En el encuentro participaron destacados funcionarios como Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental, entre otros importantes personajes del ámbito público.
La importancia de esta reunión radica en la necesidad de atender las condiciones precarias que enfrentan los trabajadores agrícolas en San Quintín, una zona clave para la agroexportación mexicana, especialmente en la producción de fresas y moras que representan alrededor del 90 por ciento de la producción nacional. El Plan de Justicia responde al compromiso federal de avanzar hacia una República rural y justa, buscando garantizar derechos laborales, seguridad social y un bienestar integral a los jornaleros.
Este programa está estructurado en nueve ejes estratégicos que abordan temas esenciales como salud, educación, vivienda, infraestructura, derechos laborales y seguridad social. Entre las acciones más relevantes destaca la construcción de un Hospital General de Zona del IMSS y la rehabilitación de 20 centros de salud, así como la entrega de becas educativas para todos los niveles mediante el programa Benito Juárez. También se impulsará el mejoramiento de viviendas a través de apoyos directos, enfatizando el bienestar social de las familias trabajadoras.
Una de las innovaciones clave del Plan de Justicia es la implementación del Certificado Laboral obligatorio para exportadores de productos agrícolas. Este certificado busca establecer condiciones laborales dignas y prevenir abusos, aplicándose de forma escalonada. El piloto iniciará en abril de 2026 con el aguacate en Michoacán y más adelante se extenderá a San Quintín, fortaleciendo la regulación y supervisión de las condiciones laborales en esta región.
En palabras de Ariadna Montiel, “Sostuvimos una reunión con las instituciones que participan en el Plan de Justicia para las y los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, #BajaCalifornia, fortaleciendo la coordinación para que cada acción se traduzca en justicia social y bienestar para las y los trabajadores y sus familias.” Este mensaje resuena en medio de un contexto en el que la justicia social y la defensa de los derechos laborales continúan siendo desafíos prioritarios para las autoridades y la sociedad.
Además de mejorar las condiciones laborales, este plan representa un esfuerzo por consolidar las bases de una política pública que incentive el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria en México. La coordinación interinstitucional y el compromiso de los distintos niveles de gobierno serán fundamentales para asegurar el éxito y la continuidad de estas acciones en beneficio directo de los trabajadores agrícolas.
Por último, es vital reconocer que la implementación y seguimiento de este Plan de Justicia marcarán un precedente en la manera en que se atienden las demandas históricas de uno de los sectores más vulnerables y estratégicos del país. A través de estas acciones, el gobierno federal busca consolidar una agenda auténticamente transformadora y comprometida con la dignificación del trabajo agrícola en San Quintín y otras regiones similares.
