En el Estado de México permanece pendiente la aclaración de una cifra superior a los 13 mil 178.8 millones de pesos, provenientes de recursos federales que fueron ejercidos durante el año 2024. Esta cantidad representa un significativo 9% del total de recursos manejados por el gobierno estatal, sus organismos dependientes y los 125 ayuntamientos, y es crucial que estos montos sean justificados para evitar que se consideren irregularidades o que conlleven a posibles sanciones.

Según el tercer informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se llevó a cabo una auditoría sobre el 86.36% de los recursos totales que maneja la entidad. En términos absolutos, esto equivale a 125 mil 409.7 millones de pesos de los 145 mil 210.8 millones que fueron administrados por 134 entes públicos en el Estado de México.

Las revisiones

El monto más elevado de recursos observados corresponde en conjunto a los 125 municipios del Estado de México, que deben justificar el uso correcto de 7 mil 068.7 millones de pesos. En contraste, el gobierno estatal —que incluye al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, órganos autónomos y diversos organismos— tiene un monto pendiente de 6 mil 018 millones, mientras que ocho institutos y universidades estatales registran una cifra por aclarar de 92.1 millones de pesos.

En cuanto al gasto federalizado, solo se ejecutaron cinco auditorías específicas del gobierno estatal con un universo de 128 mil 400.7 millones de pesos, de los cuales se auditaron 109 mil 669.7, esto es el 85.41%. Los resultados demuestran que se solventaron y atendieron 24 observaciones, pero aún mantienen 21 observaciones pendientes por un total de 6 mil 018.7 millones de pesos que cada entidad debe esclarecer.

En el caso de los 125 municipios, se detectó un universo de recursos por 9 mil 931.2 millones de pesos, de los cuales se auditó la totalidad. En esta revisión surgieron 129 observaciones ya solventadas, pero persisten otras 295 pendientes que suman un total de 7 mil 068.7 millones de pesos por aclarar.

Adicionalmente, se revisaron 445.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en los cuales no se encontraron montos por aclarar. Lo mismo ocurrió con el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de la Seguridad Pública, que tampoco presenta montos pendientes.

Contexto y repercusiones

Estos resultados son particularmente relevantes en un contexto donde el Estado de México trabaja de manera coordinada con el Ejército para enfrentar una baja histórica en índices delictivos, lo que ha sido destacado por autoridades como Horacio Duarte. La transparencia en el manejo de recursos es fundamental para mantener y fortalecer estas colaboraciones, que han mostrado resultados favorables en materia de seguridad pública.

La crítica constructiva es esencial para lograr avances reales, comentó Higinio Martínez tras enfrentar cuestionamientos por la asistencia del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Estado de México al evento del Super Bowl, subrayando la importancia de rendir cuentas y no desviar la atención de temas prioritarios.

Esta vigilancia y fiscalización son indispensables para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Las observaciones y pendientes detectadas por la ASF ponen en evidencia la necesidad de mantener un escrutinio cuidadoso sobre el destino del gasto público estatal y municipal, con el fin de proteger el patrimonio y el interés público.

Las autoridades involucradas enfrentan ahora el reto de atender las observaciones pendientes en un plazo adecuado para evitar sanciones y reparar posibles irregularidades. Este proceso forma parte de una dinámica de supervisión que busca fortalecer el buen gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

En conclusión, la fiscalización realizada pone sobre la mesa un llamado a la responsabilidad y transparencia en la administración financiera del Estado de México, invitando a todos sus entes públicos y ayuntamientos a cumplir cabalmente con los procesos de rendición de cuentas para garantizar un manejo adecuado de los recursos federales que les son asignados.