Después de que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Comarca Lagunera expresara su preocupación por presuntas extorsiones vinculadas al transporte de combustible destinado a las obras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Laguna manifestó su apoyo incondicional al gremio de la construcción.

La agrupación empresarial exigió a las autoridades y legisladores claridad en los criterios normativos para proporcionar certeza jurídica al sector construcción, frente a los vacíos legales que permiten posibles actos de extorsión por parte de la autoridad federal competente, específicamente la Fiscalía General de la República (FGR), señalada por varios constructores como partícipe en estas prácticas.

En un comunicado, los constructores de la Laguna aclararon que «el sector construcción no comercializa combustibles. El transporte realizado por las empresas tiene como único fin el abastecimiento de maquinaria en proyectos situados en zonas donde no existen estaciones de servicio cercanas o donde la operación técnica así lo requiere. Esto es una práctica operativa, no una actividad comercial».

Este pronunciamiento destaca que las actuales lagunas legales generan incertidumbre para las empresas formales que cumplen cabalmente con la ley, generan empleo y contribuyen al desarrollo regional. Por ello, solicitan en primera instancia una clarificación precisa de los criterios regulatorios aplicables al transporte de combustibles destinados al autoconsumo en obra.

Además, demandan que se establezca un esquema de permisos accesible, ágil y factible para pequeñas y medianas empresas, garantizando que cualquier revisión o procedimiento se realice con estricta sujeción a la legalidad, eliminando cualquier espacio para abusos o arbitrariedades.

El comunicado enfatiza que «la construcción es uno de los motores económicos de nuestra región. Impulsa la inversión pública y privada, crea miles de empleos directos e indirectos y aporta de manera significativa a la competitividad de La Laguna. El sector empresarial no respalda prácticas irregulares, pero tampoco puede aceptar que empresas formales se vean afectadas por ambigüedades normativas o criterios arbitrarios».

Encabezado por José Piña Álvarez, el CCE expresó su plena disposición para establecer un diálogo institucional con las autoridades y desarrollar conjuntamente una solución técnica y jurídica que asegure seguridad energética, orden regulatorio y viabilidad operacional para las compañías involucradas.

Enfatizaron que «la certeza jurídica es una condición indispensable para el desarrollo. Sin reglas claras, no hay inversión, y sin inversión, no hay crecimiento».

Cabe recordar que el presidente de la CMIC en La Laguna, Alejandro Jiménez, denunció en conferencia de prensa el más reciente intento de extorsión por un monto de un millón de pesos, que fue impedido tras una denuncia formal. Sin embargo, reconoció que existen casos en los que sí se han efectuado cobros indebidos, citando uno por 300 mil pesos.