En medio de la controversia legal que enfrenta la concesión otorgada a la empresa Aguakan para la prestación del servicio de agua potable en Quintana Roo, un grupo considerable de ciudadanos expresan su descontento por las deficiencias en el servicio y las tarifas elevadas que obliga la compañía. Ante la demora en resolver el juicio para un posible retiro de la concesión, estas personas han convocado una protesta para el próximo fin de semana, coincidiendo con la visita anunciada de la presidenta Claudia Sheinbaum a Cancún.
Los usuarios afectados han comenzado a movilizarse a través de redes sociales y grupos de WhatsApp con lemas contundentes como: “¡Basta Aguakan! El agua es un derecho, no un negocio”, “No más cobros excesivos” y “Necesitamos soluciones reales ante cobros impagables”. Estos mensajes reflejan un sentimiento compartido de frustración por la falta de atención institucional y la necesidad de una acción colectiva para exigir cambios inmediatos.
Frente a la ausencia de respuestas y soluciones oficiales, el llamamiento a la unidad ha cobrado fuerza. “Si estás viviendo algo similar, no estás solo”, indican los comunicados que circulan en plataformas digitales, invitando a todos los usuarios afectados a congregarse el domingo 3 de mayo en la explanada del Palacio Municipal de Cancún a las 10 de la mañana para manifestar su inconformidad.
“No se trata de un problema aislado. Cada vez somos más las personas que sufrimos cobros excesivos, injustificados y desproporcionados por el servicio de agua”, puntualizan en los mensajes los organizadores de la protesta, quienes buscan visibilizar la magnitud del problema.
Durante ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene prevista la inauguración del Puente Nichupté en Cancún, una obra diseñada para mitigar el congestionamiento vial en la zona hotelera, cruzando la Laguna Nichupté. La mandataria estará acompañada por la gobernadora Mara Lezama en un evento que será también una celebración por la apertura de esta infraestructura.
Las quejas contra la empresa concesionaria privada no son recientes; llevan años agrandándose hasta el punto de que en 2022 se realizó una consulta popular para conocer la opinión ciudadana sobre el retiro de la concesión a Aguakan. La mayoría de habitantes en Cancún (Benito Juárez), Puerto Morelos e Isla Mujeres se manifestó a favor de su cancelación, evidenciando un rechazo generalizado al modelo actual de prestación del servicio.
A pesar de la clara voluntad popular expresada en la consulta, las autoridades de Quintana Roo han incumplido el mandato ciudadano casi cuatro años después. Obstáculos legales y la falta de voluntad política han impedido que se concrete la revocación, permitiendo que Aguakan continúe operando y cobrando tarifas elevadas sin una supervisión efectiva.
En 2023, tras la consulta, el Congreso local y el gobierno emprendieron acciones para intentar cancelar la concesión que Aguakan mantiene desde 1993, con una ampliación que extiende su contrato hasta 2053. Sin embargo, la empresa interpuso varios amparos legales que detuvieron el avance de la revocación y dejaron el litigio estancado en el Poder Judicial federal, prolongando la incertidumbre y la falta de soluciones para la población.
Una diputada de Morena ha solicitado al Poder Judicial federal que acate el mandato ciudadano y ordene la salida definitiva de Aguakan del territorio de Quintana Roo, enfatizando la urgencia de responder a la demanda social y proteger el derecho al acceso al agua potable a precios justos.
