Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y en Coahuila ha informado que el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas tomó la importante decisión de llevar a la Asamblea General de la ONU la grave situación de desapariciones forzadas que enfrentan México. Esto representa un avance histórico para los organismos civiles de familiares, quienes han luchado por visibilizar y denunciar esta problemática que afecta a miles de familias mexicanas.

Alma García, directora actual del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo, detalló que durante años han proporcionado información valiosa tanto al Comité como al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, dos instancias internacionales que monitorean y atienden casos relacionados con desapariciones forzadas y otros abusos a los derechos humanos.

Este paso se da tras una exhaustiva revisión que incluye casos emblemáticos, como el hallazgo de un joven originario de Durango en una fosa común en Zacatecas, donde permaneció desde 2020. Este tipo de acontecimientos refleja la profunda tragedia y desconfianza que vive la sociedad, marcada por años de búsqueda angustiosa, miedo e incertidumbre para las familias.

“Lo que ha ocurrido es la activación del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, que dispone que al recibir testimonios e información sobre estos casos, se debe remitir la situación a la Asamblea General de la ONU para reconocer esta problemática y buscar mecanismos para atenderla de manera efectiva en México”, explicó Alma García.

Con este avance, se inaugura una nueva fase en la que se espera que, en las próximas semanas o meses, el asunto sea incorporado en la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, todo dependerá de la programación y disponibilidad que establezca la secretaría de la Asamblea para tratar este tema prioritario.

“La Asamblea cuenta con una secretaría que define su agenda, por lo que será necesario esperar para saber cuándo se abordará este asunto. Posteriormente, se deberá establecer un mecanismo de seguimiento y diálogo con el país involucrado, en este caso México, para garantizar que se tomen acciones concretas”, indicó García.

Esta lucha internacional tiene antecedentes claros: desde 2010, los colectivos y organizaciones defensoras como el Fray Juan de Larios han impulsado esta estrategia global para denunciar las desapariciones masivas en Coahuila y el resto del país. En aquel entonces ya consideraban que la tragedia crecía con rapidez alarmante y necesitaban visibilizarla más allá de las fronteras nacionales.

En particular, en 2021 el Comité contra las Desapariciones Forzadas realizó una visita directa a México para constatar la magnitud del problema, que previamente había sido documentado ampliamente en informes independientes y alternativos a los que el Gobierno mexicano debe presentar según los compromisos internacionales suscritos.

“Estamos muy satisfechos con el reconocimiento que hoy recibe la información que hemos generado como colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que es un órgano experto a nivel global derivado de una convención internacional que México ha ratificado, lo que implica obligaciones claras en materia de prevención, investigación y erradicación de las desapariciones forzadas en nuestro país”, afirmó Alma García.

Este escenario abre perspectivas importantes para que la comunidad internacional presione a México a cumplir con sus responsabilidades en derechos humanos y se implementen políticas públicas efectivas para atender a las víctimas y sus familias. La participación en la Asamblea General de la ONU podría ser un factor determinante para acelerar las acciones y mecanismos de justicia.

En conclusión, la decisión del Comité de Desapariciones Forzadas de llevar esta problemática ante la máxima instancia de las Naciones Unidas marca un hito en la lucha por verdad y justicia en México. Representa un llamado urgente a la comunidad global para reconocer el sufrimiento de miles y apoyar la protección de los derechos humanos fundamentales en La Raza Media y en todo el país.