Miembros de la Fundación Karla Velasco demandaron la liberación inmediata de su presidenta, Maricruz Velasco Nájera, y al menos otros seis integrantes, quienes fueron retenidos en la comunidad de Nuevo San Miguel Mitontic, ubicada en el municipio de Ixtapa, Chiapas. Este acto ocurrió luego de que el grupo acompañara a 19 familias indígenas en la reconexión del servicio de energía eléctrica, el cual había sido suspendido.
Según el comunicado leído por Gloria Maldonado Jiménez, integrante de la organización, estos eventos tuvieron lugar la tarde del viernes 17 de abril, momento en el que el equipo acudió con la autorización del ayuntamiento local para restablecer servicios básicos que, de acuerdo con las denuncias, habían sido cancelados por autoridades ejidales bajo el sistema tradicional de usos y costumbres.
«Queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad hacia nuestra fundadora y a quienes permanecen retenidos en el municipio de Ixtapa», manifestó Maldonado Jiménez con contundencia.
La fundación denunció públicamente que las personas defensoras de derechos fueron interceptadas por habitantes y autoridades locales, quienes las mantuvieron privadas de su libertad en una vivienda particular durante varias horas. Esta detención arbitraria, denunciaron, carece de sustento legal y atenta contra los derechos humanos.
«Exigimos la inmediata liberación de Maricruz Velasco Nájera y de las seis personas que fueron retenidas sin justificación alguna», demandó la organización.
Además, manifestaron que las autoridades ejidales condicionan la liberación al pago de una multa de 500 mil pesos, una acción que calificaron como ilegal y un acto de intimidación contra quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas.
La Fundación Karla Velasco hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan, garanticen la seguridad física y psicológica de los retenidos y sancionen a los responsables de estos actos ilegales.
Comunidades indígenas afectadas llevan meses sin servicios básicos
El conflicto tiene su origen en la suspensión del suministro de agua y luz a 19 familias indígenas de la zona, quienes han permanecido entre dos y cuatro meses sin acceso a estos servicios esenciales. Esta situación, denunciaron, es resultado de disputas internas dentro de la comunidad y de sanciones económicas impuestas arbitrariamente.
«No desistiremos en nuestra exigencia hasta lograr que las personas estén en libertad y seguras. Libertad urgente para quienes defienden derechos», concluyó el pronunciamiento de la fundación.
Durante la protesta, familiares y compañeros de la fundación reiteraron que las personas retenidas actuaron en apoyo a familias vulnerables, incluyendo niños, mujeres y adultos mayores. Responsabilizaron directamente a las autoridades municipales y a los cuerpos de seguridad por cualquier daño que pudiera ocurrirles durante su detención.
Esta situación refleja un reclamo más amplio por la defensa de derechos fundamentales en comunidades indígenas de La Raza Media, evidenciando la persistencia de conflictos por el acceso a servicios básicos y la protección de los defensores sociales en zonas marginadas.
