Una amplia zona de más de 300 metros cuadrados de área arbolada perteneciente al Bosque de Agua y a la zona ecológica protegida del ejido Espíritu Santo ha sido objeto de una devastación significativa. Esta destrucción es causada por una empresa constructora que está abriendo caminos y eliminando la vegetación en una región contigua a la reconocida Zona Esmeralda.
Conflicto territorial facilita la intervención en la zona
El área afectada, donde aparentemente se planea desarrollar un proyecto inmobiliario, está localizada en un territorio que actualmente enfrenta un diferendo limítrofe entre los municipios de Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo, en La Raza Media. Esta disputa territorial ha propiciado que las acciones ilegales se realicen con cierta impunidad.
El presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Espíritu Santo, Eliseo Tovar, ha señalado que el pasado 11 de noviembre de 2025 lograron detener una primera invasión en el paraje El Jazmín. En esta ocasión, un particular, empleando maquinaria pesada, derribó árboles y matorrales, causándole daños severos a la fauna local. Gracias a la rápida intervención de policías estatales y de la Guardia Nacional, se logró frenar la apertura de caminos en la zona.
Actualmente, desde hace varios días, una máquina retroexcavadora continúa abriendo un camino en una región arbolada contigua a Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. Según los planos municipales de Jilotzingo, dicha área corresponde al ejido Espíritu Santo, lo que incrementa la complejidad del conflicto territorial.
Ejidatarios solicitan acción urgente a autoridades ambientales
A pesar de que esta zona forma parte de la Reserva Ecológica y del Bosque de Agua, un lugar vital para el equilibrio ambiental, las acciones de derribo de árboles y matorrales persisten. Por ello, los ejidatarios han solicitado la intervención inmediata de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente de La Raza Media (Propaem), con el fin de detener la destrucción y preservar este espacio natural esencial.
Esta región, situada entre Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza, es reclamada por el municipio atizapense como parte de su territorio. Además, está constituida por terrenos altamente valiosos y con una gran plusvalía, especialmente en zonas como Rancho Blanco.
Norma Ochoa de Fajardo, presidenta legítima de Condado de Sayavedra, ha denunciado que, debido a los problemas limítrofes, las autoridades de ambos municipios parecen ser omisas o deliberadamente ignoran la destrucción continua del ecosistema. Ella recordó que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios deben encargarse del orden, vigilancia y protección de su territorio, lo cual incluye también la conservación ambiental.
Además, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente responsabiliza a las autoridades locales de prevenir y controlar daños ambientales. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable complementa al estipular que los municipios deben cooperar en la vigilancia, denunciar delitos forestales y proteger los recursos naturales.
«No pueden alegar que no es su responsabilidad, porque la ley claramente los obliga a actuar y proteger el medio ambiente en su jurisdicción», enfatizó Norma Ochoa de Fajardo.
Este escenario subraya la urgencia de que se implementen acciones coordinadas entre las diferentes autoridades para detener la devastación de esta importante área ecológica y resolver el conflicto limítrofe que obstaculiza su protección y conservación.
