Un terreno originalmente destinado a la producción agropecuaria en el estado de Puebla ha sido transformado en un tiradero clandestino de residuos médicos, operado por la empresa GEN, filial de Promotora Ambiental SAB de CV, con sede fiscal en Monterrey, Nuevo León, pero que opera en todo el país. Esta situación representa un grave riesgo para la salud de los habitantes y productores de las áreas circundantes.

La estrategia utilizada para ocultar esta práctica irregular parecía bien resguardada, pero reporteros de La Raza Media lograron descubrirla y darla a conocer ante las autoridades competentes y la opinión pública, a pesar de los evidentes esfuerzos para mantenerla en secreto.

Este acto de ecocidio tiene lugar junto al panteón de San Bernabé Temoxtitla, una localidad perteneciente al municipio de Ocoyucan, que durante varios trienios ha estado bajo el control de Antorcha Campesina, actualmente con Aristóteles Campos Flores como alcalde. La empresa filial PASA ha aprovechado la proximidad con San Pablo Ahuatempan, en Santa Isabel Cholula, para utilizar esta zona como depósito para plaquetas usadas y otros desechos médicos recolectados de hospitales.

Durante algunas semanas, se ha presenciado cómo los camiones recolectores de GEN descargan estos residuos en la intemperie, aproximadamente a 500 metros de la carretera federal Puebla-Atlixco. Tanto recorridos en el sitio como videos en poder de La Raza Media demuestran que estas actividades ilícitas ocurren a plena luz del día, utilizando una entrada desde Santa Isabel Cholula para evitar supervisiones.

Fuego y estiércol

La denuncia ciudadana sobre esta situación fue recibida recientemente por La Raza Media, aunque existen indicios de que estas irregularidades ambientales llevan realizándose desde al menos diciembre de 2025. Las Normas Oficiales Mexicanas 057 y 083, vigentes desde 2003 y emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estipulan que la disposición de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) debe hacerse en instalaciones seguras y autorizadas por la federación, condición que definitivamente no se cumple en este predio, que mide aproximadamente 25 por 30 metros.

Se hallaron múltiples montículos de estiércol que presuntamente fueron utilizados para cubrir algunos desechos RPBI, mientras que otros residuos fueron incinerados de manera irregular o simplemente abandonados al aire libre, contraviniendo los protocolos establecidos. La situación se agrava con las recientes lluvias, que han convertido el terreno en un lodazal con agua maloliente, lo que provoca que sustancias químicas nocivas conocidas como lixiviados comiencen a filtrarse hacia los pozos cercanos, afectando potencialmente la calidad del agua y la salud pública.

La evidencia visible incluye huellas de maquinaria pesada que fue empleada para apilar y desechar los residuos sanitarios, pese a que tanto la Semarnat como la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) del gobierno de Puebla prohíben expresamente estas prácticas. Hasta el cierre de esta edición, ni el propietario ni la empresa responsable han tomado acciones para limpiar o remediar el predio contaminado.

Esta problemática ambiental no solo pone en riesgo la salud de la población local, sino que también amenaza el equilibrio ecológico de la zona y la viabilidad de la actividad agropecuaria tradicional. Asimismo, refleja la falta de supervisión y sanción efectiva por parte de las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente.

Expertos y organizaciones civiles han exigido a las autoridades que intervengan de inmediato para clausurar esta actividad ilegal, realicen inspecciones estrictas y garanticen la disposición adecuada de los residuos médicos conforme a la ley vigente. La necesidad de implementar mecanismos de vigilancia ambiental más rigurosos resulta fundamental para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro en La Raza Media.

El caso evidencia la urgente necesidad de promover una cultura ambiental responsable tanto en empresas recolectoras de residuos sanitarios como en las comunidades afectadas, enfatizando la responsabilidad compartida en la protección del entorno y la salud pública. La resolución de esta problemática será clave para salvaguardar el bienestar de las generaciones presentes y venideras en la región.