Desde enero de 2025, la política migratoria conjunta entre Estados Unidos y México ha adoptado un enfoque estricto que va más allá de simplemente contener los flujos migratorios; busca desarticular la voluntad de miles de personas que desean cruzar la frontera norte. Esta estrategia se basa en deportaciones aceleradas, el cierre de vías humanitarias y la expulsión de personas que habitan Estados Unidos desde hace décadas, rediseñando así un escenario en el que miles quedan atrapados en una frontera que desconocen. México, que tradicionalmente fungía solo como ruta de paso, ahora se convierte en una sala de espera repleta de miedo y carente de políticas públicas claras para que estos migrantes puedan rehacer sus vidas.

Este plan estadounidense para deportar millones de migrantes cada año se traduce en detenciones y expulsiones exprés, incluso de personas con más de 30 años residiendo en Estados Unidos, algunas con procesos legales vigentes o enfermedades crónicas. Sin el beneficio de información, sin tiempo para la defensa legal ni contacto con sus familias, muchos deportados no regresan a su país de origen, sino que quedan varados en México sin documentos personales, redes de apoyo y en un limbo donde sus derechos quedan gravemente vulnerados.

Durante 2025, murieron más de 7 mil personas en las rutas migratorias, cifra que comienza a disminuir, sin embargo esta aparente reducción estadística no disimula la profunda crisis humanitaria en terreno, donde el caos se ha convertido en una herramienta del Estado para forzar retornos bajo condiciones frecuentemente inhumanas.

El endurecimiento de la política migratoria estadounidense encuentra en México a su aliado logístico, que emplea una estrategia silenciosa basada en el desgaste. Los tiempos de espera para obtener refugio pueden extenderse hasta un año, en un sistema diseñado para quebrantar la voluntad del migrante a través del abandono institucional, la militarización fronteriza y un colapso burocrático que deja a miles en un limbo legal sin claridad ni esperanza.

Las consecuencias de este modelo no se reflejan únicamente en estadísticas, sino en historias de vida abruptamente alteradas. Tal es el caso de Conrado Zaldivar Kessel, cubano de 64 años, quien no fue detenido en una redada sino que una mañana, en una diligencia rutinaria para firmar la supervivencia de su pensión por discapacidad, fue arrestado, trasladado a un centro de detención y deportado sin poder contactar a su hija ni nieta, quedando abandonado en la frontera sur de México, un lugar que le es completamente ajeno.

Conrado narra con desesperación desde un albergue en Villahermosa, Tabasco, cómo fue tratado brutalmente y dejado sin apoyo alguno. Él no es un caso aislado; junto a él llegaron otros cubanos, con décadas en Estados Unidos y con enfermedades crónicas, expulsados sin redes que los sostengan. Esta política, iniciada con el endurecimiento anunciado por Donald Trump en su segundo mandato en enero de 2025, suspendió programas de asilo y priorizó deportaciones masivas de quienes tenían incluso el parole humanitario, un permiso temporal por razones humanitarias.

Las estadísticas oficiales mexicanas reflejan la efectividad del endurecimiento: los casos de extranjeros en situación irregular bajaron de casi un millón en 2024 a poco más de 100 mil en los primeros nueve meses de 2025. Sin embargo, esta realidad implica un costo humano enorme, como lo expresa Conrado, quien no esperaba ser deportado después de 30 años de vida en Estados Unidos, y ahora se encuentra atrapado sin recursos ni opciones en un país que no es el suyo.

Separación familiar: una práctica recurrente

El impacto de las deportaciones aceleradas va más allá de la pérdida territorial: fragmenta familias enteras y obliga a miles a permanecer varados en un país que no eligieron. Caso emblemático es el de María Luisa, hondureña deportada en 2025 tras más de una década en Estados Unidos, quien fue separada de sus hijos menores que quedaron al cuidado de la familia del padre estadounidense. Su deportación unilateral, sin posibilidad de salir con sus hijos ni organizar su cuidado, refleja un patrón administrativo que ignora el interés superior del niño y desoye el tejido familiar.

En el albergue Belén en Tapachula, María Luisa comparte la angustia y tristeza provocadas por la separación forzada. Su contacto con sus hijos es esporádico y depende de la voluntad del padre, situación que no es un hecho aislado sino recurrente en la política migratoria vigente. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), explica que han acompañando decenas de casos similares, especialmente mujeres con arraigo y enfermedades crónicas, algunas con hijos que quedan atrás, enfrentando una batalla legal difícil de revertir.

A pesar de que el modelo oficial mexicano declara la reunificación familiar como un pilar, la realidad demuestra que esta responsabilidad descansa principalmente en ONG y organismos internacionales. Sin programas públicos específicos para extranjeros, la reunificación no está garantizada jurídicamente, dejando a miles en un limbo desolador.

El laberinto del tercer país seguro

Una vez en México, el calvario para los deportados apenas comienza. El retorno forzado se transforma en un laberinto burocrático sin reglas claras, como evidencia el informe ‘Sueños cancelados 2025’, resultado de extensas entrevistas y estudios en la frontera norte y sur del país. Aunque el acuerdo binacional prometía devolver a cada migrante a su país de origen, en la práctica se han multiplicado los vuelos y expulsiones a ciudades fronterizas mexicanas donde su identidad y derechos parecen ignorados.

María Concepción Martínez Rodríguez, del Centro Jesús Torres 24/7 en Torreón, Coahuila, detalla abusos sistemáticos, desde robos hasta destrucción de documentos judiciales, incluso para quienes ya habían avanzado en procesos legales como CBP One. El cierre de este programa dejó a decenas de miles varados sin guía clara para seguir sus trámites, generando desplazamientos constantes y más vulnerabilidad.

Un ejemplo emblemático es Cristina Minelli, madre guatemalteca que tras dejar su país en 2024 para gestionar una cita que nunca llegó, enfrenta una huida perpetua dentro de México, siempre moviéndose por temor a la pérdida de su hijo por falta de papeles, pese a tener permiso de estancia y un empleo formal.

Caos como herramienta de desgaste

El endurecimiento no termina con la deportación, sino que continúa con la espera indefinida en un sistema saturado y desgastante. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova reporta que, aunque la ley establece plazos para resolver peticiones de refugio, en la realidad los tiempos se extienden indefinidamente, dejando a personas totalme nte desprotegidas. Además, requisitos como la firma semanal en COMAR ponen en riesgo a solicitantes expuestos a retenes y operativos.

Aun cuando los solicitantes obtienen documentos de residencia humanitaria, este trámite ha perdido fuerza y reconocimiento oficial por la retirada del plástico oficial en 2023, lo que genera incertidumbre sobre su validez y genera riesgos de detención incluso por las mismas autoridades migratorias. A pesar de esta compleja realidad, los informes gubernamentales pintan un escenario optimista, presentando cifras de regularización acelerada y cumplimiento legal, mientras que las autoridades migratorias no responden ante cuestionamientos sobre estos tiempos y procedimientos.

Josué Martínez Leal, del albergue ‘Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito’ en Villahermosa, confirma que estas prácticas de desgaste y caos comenzaron con los Protocolos de Protección al Migrante en la administración anterior y que Villahermosa se ha convertido en un punto crítico para este traslado y abandono institucional de migrantes deportados y detenidos.

El sistema mexicano de atención está sobrecargado y desfinanciado, reflejado en las más de 49 mil solicitudes de refugio recibidas en 2025, donde solamente tres de cada diez casos han logrado regularizar su situación. Este es un problema estructural, no un fallo, según el académico Javier Urbano Reyes, quien advierte que el miedo y la incertidumbre son usados como herramientas de política pública para justificar la contención migratoria en un esquema que prioriza infraestructura y control, pero no políticas integrales de integración, retorno o derechos migratorios.

Cerco militar y violación sistemática de derechos

La militarización de las fronteras mexicanas es otra dimensión del problema. Aunque la Guardia Nacional reporta reducciones en personal desplegado en zonas fronterizas, en lugares críticos como Coahuila aumentó su presencia, generando una persecución cotidiana contra migrantes. Martín Salmorán, subdirector del albergue ‘La 72’ en Tabasco, describe escenas frecuentes de persecución y violencia policial que criminalizan a personas migrantes en tránsito.

Esta militarización y violación sistemática de derechos es reconocida por activistas y defensores de derechos humanos como Joselin Zamora, quien denuncia operativos con uso excesivo de fuerza contra familias y mujeres que huyen de violencia extrema. Sin embargo, los informes oficiales justifican estas acciones como «rescate» y apoyo a las autoridades migratorias, mientras que las solicitudes oficiales para conocer los protocolos de actuación permanecen sin respuesta.

Paralelamente, las quejas por violaciones a derechos humanos han aumentado significativamente, acumulando miles de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y señalando principalmente a la COMAR y al Instituto Nacional de Migración, con abusos como violación al debido proceso, abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza, afectando sobre todo a migrantes de Honduras, Venezuela y Colombia.

Estas violaciones también coinciden con un alto índice de delitos cometidos contra migrantes, principalmente robo, violencia familiar, fraude y amenazas, evidenciando la vulnerabilidad extrema de esta población.

El muro del miedo: una frontera humana más que física

La migración no ha desaparecido; está confinada en corredores saturados, trámites estancados y albergues desbordados. Según Javier Urbano Reyes, se vive un periodo de «sueño migratorio», donde las causas estructurales persisten y nuevas rutas se abren desde regiones como el Caribe y Centroamérica. Las zonas de espera se han convertido en espacios de represión y violación de derechos, y la reducción del flujo responde más a la represión que a una estrategia integral, haciendo que el muro físico se reemplace por un muro intangible de miedo.

El sacerdote César Augusto Cañaveral, responsable de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana y director del Albergue Belén en Tapachula, destaca que esta administración ha logrado infundir miedo más allá del muro físico, a través de patrullajes y redadas que mantienen a los migrantes temerosos y desesperados, forzándolos a regresar en condiciones aún más inhumanas que las del inicio de su viaje.

Conrado Zaldivar Kessel, en Villahermosa, resume con tristeza esta tragedia humana: a sus 64 años, sin posibilidad de trabajo ni familia que lo apoye, cargando documentos que ya no le sirven, se encuentra atrapado sin rumbo en un país desconfiado y adverso, simbolizando la profundidad de una crisis migratoria que trasciende fronteras físicas para volverse un muro humano de miedo y desesperanza.