Un grupo de pobladores de San Juan Mazatlán Mixe, en Oaxaca, ha tomado los accesos y pasillos del Palacio de Gobierno para manifestar su protesta tras haber sido desplazados violentamente de sus tierras por habitantes de Santo Domingo Petapa. Este desplazamiento surge como consecuencia de un conflicto agrario que ha escalado en la región, generando una crisis humanitaria urgente.

Los manifestantes exigen la intervención inmediata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que alrededor de 100 familias de Lomas de Santa Cruz han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia que ha estallado entre los municipios de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa. Esta situación ha provocado ya un saldo trágico de al menos dos personas asesinadas, lo que evidencia la gravedad del conflicto.

Estas familias desplazadas demandan con urgencia ayuda humanitaria: agua potable, alimentos, medicinas y recursos básicos para sobrevivir, mientras claman por regresar a sus comunidades. Denuncian que el grupo invasor ha continuado con actos violentos como la quema de ranchos y despojos que agravan aún más su situación de vulnerabilidad.

En el contexto más amplio de Oaxaca, la violencia agraria ha desplazado a cerca de nueve mil indígenas en comunidades rurales. Se ha organizado una serie de colectas y campañas de apoyo para asistir a los afectados, con la participación de municipios cercanos y localidades como San Antonio del Valle, Rancho Juárez y Los Valles. A partir de ayer, se empezaron a recibir los primeros apoyos de manera paulatina en estas zonas afectadas.

Por su parte, el gobierno del estado ha informado que la Coordinación de Atención de Derechos Humanos se ha desplegado en la región para atender la situación social y las necesidades urgentes de los desplazados. Mientras tanto, la administración estatal confirmó que las dos muertes recientes ocurridas derivan del histórico conflicto agrario entre pueblos mixe y zapoteco, lo que subraya la complejidad y longevidad del problema.

Denuncias sobre uso de violencia para desalojar pobladores

La Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), que apoya a las víctimas, señaló que el conflicto se agravó cuando “unas diez camionetas con personas armadas y dos maquinarias ingresaron a la zona de conflicto agrario, abrieron un camino en San Antonio del Valle y establecieron un campamento cerca de Loma Santa Cruz, donde realizaron disparos que originaron el desplazamiento inicial de más de 30 familias hacia Arroyo Cuchara, en el municipio de San Juan Guichicovi”.

«Este acto violento no solo causó el desplazamiento inmediato, sino que también ha generado un ambiente de temor constante entre las comunidades afectadas,» destacó Ucizoni, enfatizando la gravedad de la situación.

Además, habitantes de Los Valles y Rancho Juárez en San Juan Mazatlán han reportado amenazas continuas de desalojo que mantienen a las poblaciones en alerta máxima.

Estos incidentes se suman a homicidios anteriores que ya habían conmocionado a la región. Ucizoni recordó que se habían registrado las muertes de Wilfrido Atanacio Cristobal, Abraham Quirino Ortiz y Victoriano Quirino Jiménez, originarios de El Platanillo, víctimas de violencia relacionada con el conflicto.

«Estos homicidios ocurrieron por parte de un grupo conocido como ‘los 33’ el 13 de febrero de 2025; así como el asesinato de Porfirio Bautista Domínguez y lesiones a siete personas más en una emboscada ocurrida el 12 de mayo de 2023, todos vecinos de San Juan Mazatlán,» detalló Ucizoni.

Ante esta situación, el diputado Raynel Ramírez ha exigido justicia y la intervención contundente de los gobiernos estatal y federal, así como de la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas y buscar una solución definitiva al conflicto agrario que pone en riesgo la vida y el bienestar de miles de personas.

En este marco de violencia, se reportó también el asesinato de Luis Villaseca, líder de la Confederación Joven, en un ataque armado en Oaxaca, lo que añade una nueva dimensión de riesgo y tensión a la situación ya preocupante de la región.